El gobierno a través del vicepresidente, Óscar Ortiz, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, presentó a la Asamblea Legislativa un paquete de seis reformas legales que buscan el combate a las extorsiones, pero principalmente para proteger a los policías, fiscales, jueces y custodios de centros penales, además de endurecer los años de cárcel a quienes atenten contra los miembros del sistema de seguridad.
La propuesta plantea un decreto de Disposiciones para la Protección Integral de policías, elementos de la Fuerza Armada, personal penitenciario y se incluye a fiscales y jueces.
Según explicó el vicepresidente Óscar Ortiz, las penas que se persiguen son de al menos 50 años de cárcel para los criminales que atenten o asesinen a los elementos de seguridad.
“Una cosa que quiero destacar de estas reformas, presidente y miembros de la comisión, es que se endurecen las penas, aquí el mínimo va a ser 50 años para todo aquel que tenga que ver con un asesinato o con un ataque.
También se endurecen las penas para aquellos que quieran atacar a miembros de la seguridad pública, vienen un conjunto de reformas para proteger preventivamente a los policías y a los elementos que están actuando en tareas de seguridad”, explicó Ortiz en torno a la iniciativa de reformas al Código Penal.
Agregó que el anteproyecto plantea una distribución presupuestaria que busca dar protección a los familiares de los policías y elementos de seguridad caídos en el cumplimiento de su deber.
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Ramírez Landaverde dijo que además se pide que los delincuentes que atenten contra los miembros de seguridad no gocen de los beneficios penitenciarios como la media pena o semilibertad.
“Se excluye de cualquier beneficio procesal o penitenciario como la libertad condicional, entre otros, a todos los que participen en este tipo de hechos; es decir, es un endurecimiento de las penas de prisión y de las condiciones penitenciarias en que cumplirían estas personas la detención provisional y también las penas de prisión”, añadió Landaverde.
Mencionó que otra reforma legal es que los jueces puedan ordenar medidas de restricción a todos los individuos que representen una amenaza a la integridad física de los policías, jueces, fiscales o personal penitenciario.
Explicaron que otra reforma busca incautar los bienes y dinero ilícito de las organizaciones criminales, aparte de crear dentro de la PNC una división que se encargue de analizar las finanzas de los grupos delincuenciales.
“Ya que es parte y componente fundamental de la estrategia abarcar las redes de lavado de dinero y considerando que la mayoría de ingresos de esas estructuras se originan en las extorsiones, estamos llevando a consideración de los diputados que aprueben que dentro de la Policía Nacional Civil se cree una entidad que se dedique de forma especializada a la obtención de información y análisis sobre esa problemática”, dijo el titular de Seguridad.
Otro proyecto de reforma va enfocado a la distribución de $17.7 millones de la contribución especial por servicios de telefonía recolectados en el tercer trimestre del año y que se destinaría en parte a la entrega del bono a policías y elementos de la Fuerza Armada.
En total son 6 proyectos de reformas que presentó el gobierno a la Asamblea Legislativa, entre ellas, al Código Penal, Ley Penitenciaria, a la Ley de Lavado de Dinero y Activos, Ley Orgánica de la PNC y a la Ley de Combate a las Extorsiones.
El paquete de reformas fue entregado por el ministro Landaverde al diputado, Antonio Almendáriz, en su calidad de presidente de la comisión de seguridad del Congreso, que estuvo acompañado de otros legisladores.
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