La crisis fiscal y la falta de liquidez del Gobierno para solventar sus obligaciones es el tema más importante de 2016.
En los últimos meses hemos sido partícipes de las distintas formas en que se ha intentado solventar el problema, ya sea a través de la emisión de deuda para el financiamiento de los gastos, el intento de reforma de pensiones que en el fondo tenía su origen en la crisis fiscal (como lo manifestaron varios funcionarios), la aprobación de diversos impuestos y contribuciones especiales para solventar obligaciones específicas, entre otras acciones, las cuales van apareciendo en la medida que se van necesitando fondos para cumplir las obligaciones previamente establecidas. Tanto el Gobierno como la oposición no han podido elaborar una propuesta completa de la manera más idónea de enfrentar este problema y en ocasiones pareciera que ambas partes dicen una cosa y hacen otra.
Diversos funcionarios del Gobierno han insistido en la necesidad de atender a políticas de austeridad en las instituciones estatales para ahorrar dinero y que éste sea utilizado en cuestiones prioritarias; sin embargo, aún vemos en las noticias que hay carteras de Estado que mantienen gastos de los que se podría prescindir, tales como viajes pagados con fondos públicos, gastos superfluos en alimentación o compra de vehículos. Muchos administradores de fondos públicos no han comprendido que cada dólar cuenta y prefieren “acabarse” las asignaciones presupuestarias, antes que devolver y que exista la posibilidad de reasignar ese dinero.
Por otro lado, a sabiendas de la crisis de liquidez, la falta de inversión y el nulo desarrollo económico que nuestro país ha tenido en los últimos años, el Gobierno ha hecho crecer su planilla estatal e incluso ha creado nuevas instancias burocráticas para supuestamente atraer la inversión y el desarrollo al país. El nombramiento de José Luis Merino como viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo en el Ministerio de Relaciones Exteriores es cuestionable, no solo por el hecho de omitir cualquier tipo de especialización o mérito necesario para desarrollar labores en una cartera de Estado, sino porque se supone que estas labores ya son desarrolladas por el vicepresidente de la República como comisionado presidencial para la inversión, por el Ministerio de Economía o el Organismo Promotor de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Proesa). No es solo el hecho de que seguimos reciclando funcionarios, sino que también estamos aumentando la burocracia y, en el peor de los casos, creando puestos y entidades de manera innecesaria.
El principal partido de oposición ha sido firme en manifestar que no aprobarán más deuda sin que antes se ordenen las finanzas del Estado a través de presupuestos completos y detallados. Sin embargo, en los últimos días también ha manifestado la posibilidad de aprobar tramos de financiamiento a través de la deuda y así solventar los problemas de caja del Gobierno. Algunos estamos claros que la única forma de paliar la crisis fiscal en el corto plazo tal vez sea la emisión de más deuda, para lo cual la oposición tendría que apoyar con sus votos. Sin embargo, a esta posibilidad de aprobar la deuda le hace falta el componente de especialidad, en el que se detalle a cabalidad el uso de cada monto, así como el componente de control. No es posible que manifiesten que harán una cosa y se queden a medias. En relación con los acuerdos que la oposición se encuentra negociando con el Gobierno sería de una gran ayuda para la población que se transparente cuáles son los puntos de negociación y la moneda de cambio que utilizarán, así los ciudadanos podríamos formarnos una opinión más completa y no limitarnos a las declaraciones de algunos involucrados.
Hay un dicho popular que enseña que “el papel aguanta con todo”. En una actualización de esa frase podemos afirmar que las redes sociales, las opiniones en medios de comunicación y la retórica en los festivales ciudadanos aguantan con todo, pero la conciencia ciudadana hoy en día está más despierta y nos estamos volviendo en asiduos “cuestionadores”. Los funcionarios ya no se pueden dar el lujo de decir una cosa y hacer otra, sin esperar que estas situaciones no sean reclamadas en las siguientes elecciones.
*Columnista de El Diario de Hoy.