La Libertad es un derecho inherente a todo ser humano. La mayoría que creemos en la democracia como forma de sociedad estamos de acuerdo con esta idea. Y así como reconocemos que la educación nos hace libres, así es el rol de ésta en la democracia. Mi artículo de hace un mes señaló cómo la falta de prioridad máxima en la educación por parte del Estado pone en juego el futuro de El Salvador, algo que no me cansaré de reiterar.
En estas últimas semanas, la preocupación por la educación en nuestro país es resaltada nuevamente por un estudio de la Fundación para la Educación Superior y por el Quinto Informe Estado de la Región. El primero plantea “¿Qué es una buena escuela?” y propone un índice en cuanto a la calidad escolar, que comprende varias dimensiones y componentes, entre ellos: desempeño institucional; desempeño de los estudiantes; recursos para el aprendizaje; ambiente escolar; y el entorno. El informe, por otro lado, plantea el dilema estratégico de la educación como tema central para el desarrollo en Centroamérica.
Estos estudios resaltan la importancia del aumento de la cobertura educativa (preescolar y media) y la apuesta a la mejora sustancial en la calidad del sistema educativo, y se suman a otros, incluyendo el lanzamiento de la propuesta de Política Educativa: Educación, Generando Oportunidades. Para hacer realidad estos hallazgos el presupuesto público destinado a la educación tendría que aumentarse sostenidamente, hasta lograr los niveles adecuados para el desarrollo de las capacidades de todas los ciudadanos. Algunos estudios hablan de llegar a niveles del 6 al 7 por ciento del PIB (3.4 por ciento en presupuesto 2017), muy similares al de los países más desarrollados que cuentan con sistemas educativos de alta calidad.
También hay que hablar del uso eficiente de los recursos y de la eficacia de este gasto en educación —que deberíamos considerar una inversión— en la mejora de la calidad del sistema y de su impacto en la sociedad. Como ejemplo, del presupuesto de 2017 (según el proyecto presentado a la Asamblea) se ha destinado al paquete escolar $78.5 millones, y al Vaso de Leche, $7.2 millones, representando entre ambos el 9 por ciento de la asignación total en Educación. Es preciso tomar en cuenta que a estos programas no se les ha comprobado un impacto directo en “la mejora progresiva de la calidad educativa”, según se establece en el presupuesto. Y así existen muchos programas cuya pertinencia amerita analizar, de tal manera que nos permita orientar los recursos hacia aquellas medidas de política con impacto directo en la mejora sustancial de la calidad de vida de los ciudadanos.
Por otro lado, en este año se destinó para la primera infancia —educación inicial y parvularia— cerca del 7.5 por ciento de la asignación total de Educación. Si consideramos las coberturas de educación inicial (1.8 por ciento) y de parvularia (67 por ciento), estamos hablando de más de 300 mil niños entre 0-6 años fuera del sistema. Las razones por la inasistencia pueden ser diversas, pero mientras la sociedad no tome esta negligencia en serio, todos nos volvemos cómplices de que cada uno de estos niños (Juancito, María, Isabel) se les trate como “ciudadanos” inferiores y que entren desde que nacen en el círculo perverso de la desigualdad, la pobreza y la exclusión y con la posibilidad de arrastrar estas inequidades el resto de sus vidas.
La máxima responsabilidad es de los políticos y responsables de la conducción del Estado. Pero los ciudadanos no podemos conformarnos y ser espectadores pasivos de esta violación sistemática de los derechos de las personas cuando el Estado no les garantiza el ejercicio pleno de éstos a la educación, la salud, la seguridad alimentaria, la vivienda digna y, en suma, a la libertad. Reflexionemos y tomemos las decisiones correctas y oportunamente: demos ese salto al desarrollo.
*Columnista de El Diario de Hoy
@cavalosb