El TPS, el DACA y el CAM…

Es necesario que los funcionarios estadounidenses perciban el “acto de contrición” de las autoridades salvadoreñas en cuanto a su posición sobre la deplorable realidad que sufre Venezuela.

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Por Mirna Navarrete

06 September 2017

El Ministro de Relaciones Exteriores viajará a los Estados Unidos junto a una comitiva integrada por miembros de los diferentes partidos políticos, incluido ARENA. El gobierno teme que el “Estatus de Protección Temporal” (TPS), que beneficia a más de 200 mil salvadoreños, siga la misma suerte que los programas de “Acción diferida de 2012” (DACA) y el de “Procesamiento de refugiados para menores Centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras” (CAM) que han sido cancelados, de forma total el primero y parcialmente el segundo.

El jefe de la diplomacia salvadoreña tendrá que persuadir al Congreso y a la administración Trump acerca de los argumentos de peso para prorrogar el TPS. Indudablemente hay consideraciones inequívocas al respecto. Miles de coterráneos están amparados por esa legislación que en concreto les permite vivir y trabajar en la nación norteamericana. De su estadía en ese país depende la estabilidad económica de su familia, allí y en El Salvador. Asimismo las remesas continúan siendo un bastión fundamental para la estabilidad de nuestra economía.

El respaldo de todas las fuerzas políticas a la iniciativa gubernamental merece reconocimiento. Que los congresistas testimonien el trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el partido oficial y la oposición debe ser bien valorado. Sin embargo, no basta con una delegación plural donde convergen adversarios que excepcionalmente adoptan acuerdos de gran significación.

Claro que es un esfuerzo importante del canciller y del presidente el haber persuadido al resto de institutos políticos para unirse a la gira por los despachos políticos de mayor relevancia en Washington. Pero más estratégico y trascendental es el contenido de la petición y los compromisos que expondrán a los principales Congresistas, a los titulares de los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, al Fiscal General y a algunos Gobernadores.

Ciertamente las restricciones al CAM y al DACA, así como las eventuales limitaciones que podrían afectar al TPS, son en buena parte consecuencia de la nueva política migratoria que el Presidente Donald Trump comunicó desde la campaña electoral y que ahora, como inquilino de la Casa Blanca, está implementando. Sin embargo, la decisión de excluir a nuestros connacionales de los distintos programas migratorios podría acelerarse de continuar el presidente Sánchez Cerén respaldando la vulneración de los principios democráticos y los derechos humanos por su par venezolano, Nicolás Maduro.

La relación con los Estados Unidos es importante; siempre lo ha sido y no existen razones para pensar que estamos listos para prescindir de su gentil cooperación, del intercambio comercial y del resguardo que le ha dispensado a millones de compatriotas. Por eso el mensaje del canciller Martínez y el de la representación que lo acompaña debe ser claro, conciso y enérgico.

Es necesario que los funcionarios estadounidenses perciban el “acto de contrición” de las autoridades salvadoreñas en cuanto a su posición sobre la deplorable realidad que sufre Venezuela. Se requiere que el alegato del ministro Martínez aclare que El Salvador no acompaña la ruptura de la institucionalidad y que debe restablecerse la libertad de expresión, el pluralismo político, la división de poderes y la celebración de elecciones libres y transparentes. También es imprescindible que exija el cese de las vejaciones y el maltrato que el régimen de Maduro aplica a sus opositores y a quienes le critican.

En Venezuela se han desconocido los derechos civiles y políticos, no se ha respetado el imperio de la ley, la justicia no es independiente, los medios de comunicación están sujetos a control gubernamental y la cúpula militar es deliberante y responde políticamente al régimen de turno. Sin elecciones libres ni instituciones independientes, con represión por parte de la autoridad pública hacia toda manifestación civil que repudia las políticas oficialistas, con la existencia de presos políticos y un clima de zozobra ante la crisis humanitaria, la situación de la república bolivariana no hará más que agravarse.

Si en la visita oficial del canciller a los Estados Unidos se dejan por fuera estas aclaraciones y la promesa de cumplir las 16 condiciones para la ayuda estadounidense, seguro habrán respuestas diplomáticas y apretones de mano pero la incertidumbre sobre la prórroga del TPS y de otros proyectos de cooperación seguirá rondando como ave de rapiña sobre un moribundo.

 

*Columnista

de El Diario de Hoy