Está en marcha una nueva ofensiva internacional contra la legislación salvadoreña que defiende la vida desde la concepción. Esta agenda es principalmente foránea porque el tema no figura como prioridad en ninguna encuesta que se haya realizado en el país y porque, aunque existan aquí grupos minoritarios que empujan la despenalización del aborto, en última instancia son oenegés extranjeras y las Naciones Unidas las que están detrás del financiamiento de estos grupos (que de ningún modo pueden arrogarse la entera representación de la sociedad salvadoreña).
Como ejemplos de la vigorosa campaña en marcha en estas páginas se publicaron sendos artículos firmados por el representante regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, y por el conocido vocero de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. En ambos textos sus autores defienden la tesis de la urgencia de plantear excepciones a las leyes que penalizan el aborto sobre el supuesto de una colisión de derechos entre la salud de la mujer y la vida del embrión humano.
El señor Brunori, por cierto, hace eco de denuncias que han sido muy cuestionadas en El Salvador, pues se trata de mujeres que recibieron condenas por razones difícilmente achacables a la legislación que protege la vida prenatal. Como ya sucedió en 2013 con el polémico caso “Beatriz”, hoy también se están manipulando estas historias para hacerlas parecer como muestras incontrovertibles de lo que sucede con las mujeres salvadoreñas gracias a la prohibición del aborto.
José Miguel Vivanco toma el ejemplo reformista chileno para motivar a los países que aún penalizan el aborto —incluyendo el nuestro— a revisar su legislación, pero habla también de aspectos que claramente podrían constituir alternativas viables a la muerte del nasciturus, como el pleno acceso a servicios de salud de calidad, algo que sin duda contribuiría a reducir, si las hubiera, esas “altas tasas de mortalidad materna por aborto” que él menciona.
En mis días de servidor público, cuando presiones indebidas por parte de funcionarios de la ONU me estaban orillando a hacer una formal denuncia internacional, nunca olvidaré la conversación telefónica que sostuve con una delegada regional empeñada en convencerme —sin ningún argumento científico— del espíritu “regresivo” de la legislación pro-vida. Al preguntarle por qué los cuantiosos fondos con que su organización financiaba la campaña abortista no se utilizaban mejor en una promoción inédita del acceso de las madres en riesgo a tratamientos sanitarios de calidad, su irritada respuesta me dejó helado: “Nuestro mandato es la despenalización del aborto, no meternos a decirle a cada país lo que debe hacer con sus sistemas de salud”. ¡Una contradicción asombrosa!
¿Quiere el representante regional del Alto Comisionado ayudar en serio a esa veintena de mujeres que guardan prisión por motivos que él supone ligados a las leyes a favor de la vida embrionaria? Me ofrezco voluntariamente a ser parte de un grupo de ciudadanos salvadoreños que le ayude a revisar caso por caso para encontrar las verdaderas razones de las penas impuestas y ver la manera de reducirlas si hubiera justificaciones humanas para ello. Sugiero además que los resultados de esas investigaciones se hagan públicos, para así ofrecer a la comunidad nacional e internacional una perspectiva exacta de la relación entre estas historias y la legislación salvadoreña vigente. Lo incorrecto es mezclar los temas a conveniencia de la agenda propia.
Del artículo del señor Vivanco extraigo unas líneas especialmente preocupantes: “Aún existen (en Chile) obstáculos indebidos para acceder al aborto legal; por ejemplo, los hospitales privados podrían tener autorización legal para negar el acceso al aborto sobre la base de la objeción de conciencia”. (¡¡!!). Considerar “obstáculo” la libre conciencia en el ámbito privado de la salud dice mucho del sesgo ideológico que impera en algunas organizaciones extranjeras que dicen defender los derechos humanos fundamentales. Razón adicional para ver con desconfianza la actual campaña internacional contra nuestra legislación.
*Escritor y columnista
de El Diario de Hoy