Margarita Escobar, diputada de ARENA, reclamó a la Fiscalía por la absolución de los encausados por la tregua entre las pandillas, reclamo que ella bien sabe no tendrá mayor repercusión, aunque el mismo juez reprochó por qué la Fiscalía no procedió contra Funes y sus ministros, sino sólo contra los ejecutores del proceso que sólo obedecían órdenes, “ni agotó las líneas de investigación”.
Durante el juicio se alegó que la tregua fue “una política de Estado” y, por tanto, no podía responsabilizarse ni a Funes ni a sus ministros de lo que luego sucedió, pero la misma autoridad judicial estableció que “fue una política de gobierno y no de Estado”.
Diciendo que fue una “política de Estado” se trata de disfrazar las ocurrencias y planteamientos amorales con los que buscaron justificar la tregua. Sin embargo, no pueden llamarse “políticas de Estado” tratos con delincuentes, tratos que son contrarios al espíritu del Orden de Derecho que al menos oficialmente rige en el país.
Más bien hay que recordar que la tregua dio tiempo a las bandas criminales de reagruparse, lamer sus heridas y atacar luego al país, lo que ha llevado, entre otras atrocidades, a los asesinatos de policías y de sus familiares.
El manoseo de leyes y fabricar testigos
es una grave amenaza a la República
Los involucrados en la tregua, como muchos otros santitos que en una u otra forma se relacionan con el oficialismo como los troleros, han sido enjuiciados en libertad, lo que contrasta con el encarcelamiento del joven Daniel Alemán, al que no le han demostrado nada pero que sigue detenido y que ahora acusan de “extorsión”, lo que se ha denunciado que es un cargo inventado.
Sólo hay que tomar en cuenta los casos en que se ha denunciado que le han plantado droga a los que capturan (como se reveló en su momento por las mismas autoridades) o usan exmareros de “testigos”, como con la acusación que se hizo a Paolo Lüers.
Sin embargo, a los acusados en el caso de la tregua se les procesó en libertad, lo que muy pocas veces se hace con los juicios a personas vinculadas con la oposición, a quienes se captura, se encarcela y se procesa haciendo “toda la bulla” posible para desviar la atención del desastre que son las medidas del partido oficial. A los investigados o señalados por corrupción se les blinda para, en teoría, ponerlos a salvo de la justicia, la verdadera justicia.
A los troleros no solo se les enjuició en libertad, sino que se les permite continuar haciendo de las suyas, lo que equivale a concederles licencia para continuar difamando a opositores.
Las asociaciones y entidades que en nuestro país se ocupan de salvaguardar el Orden de Derecho, de cuidar la institucionalidad y proteger a la ciudadanía honrada de los abusos del poder, deben tratar con urgencia la situación que ha llevado a un manoseo de las leyes y de los abusos que protegen corruptos de una parte del espectro político, entre ellos amañar casos y fabricar testigos, un descarado prevaricato que amenaza de muerte a la República.