En julio, una joven de diecinueve años fue condenada a treinta años de prisión por lanzar a su bebé a una fosa séptica. Organizaciones nacionales e internacionales pro aborto denunciaron la condena e incluso disputaron la investigación y versión oficial de la Fiscalía. Más allá del espectro legal del caso —el cual la justicia salvadoreña tiene toda capacidad de resolver sin injerencia extranjera— el contexto del mismo abre una ventana de reflexión social y cultural para todos aquellos que se llaman pro vida.
El concepto pro vida nace de la convicción de que todo ser humano —sin importar su origen, raza, religión y quiénes son sus padres biológicos— tiene derecho a una oportunidad de vivir a partir del momento de su concepción. Es una posición noble que busca defender al indefenso, incluso de su propia madre si es necesario. Por ende, cada vez que se le niega este derecho fundamental a un ser humano mediante el aborto, el movimiento pro vida sufre una derrota.
No obstante, en el caso de sucesos como el antes mencionado se puede observar una tendencia dentro del movimiento pro vida a enfocarse en el lado punitivo de la justicia e incluso celebrar el castigo de toda persona implicada en un aborto, una actitud contraproducente que no traerá de vuelta a la criatura asesinada. El propósito de la ley, entre otros, es el de desincentivar dichas prácticas, algo que claramente no está sucediendo en su totalidad.
Es muy fácil, en casos como el de la joven, enfocarse en el crimen en sí e ignorar las posibles condiciones sociales y culturales que la llevaron a cometerlo; condiciones que, de ser —o no ser— abordadas, podrían definir el futuro del movimiento pro vida.
Cuando una mujer experimenta un embarazo que le presenta complicaciones económicas y/o de salud, con pareja o sin ella, las ventanas de asistencia son limitadas sino es que nulas. Si trata de recurrir al Estado, encontrará organizaciones inexistentes en bancarrota. Si recurre a la Iglesia, será más importante su pecado que la vida del no nacido. Si busca apoyo familiar, su “error” —en una sociedad donde las acciones de los hombres son justificadas y las de las mujeres criticadas— llevará más peso que el corazón de su hijo. Para una joven, acorralada, sin ayuda ni opciones, el aborto se ve como un paso lógico y necesario.
Claro, estas son generalizaciones que no honran el trabajo de algunas iglesias, ONG y familias particulares. No obstante, el ignorar o desmentir la falta de apoyo social e institucional hacia una mujer embarazada, ya sea madre soltera y/o de escasos recursos, es estar ciego y desconectado de una realidad nacional que sistemáticamente atenta contra la mujer. La solución a un sistema opresivo, sin embargo, no involucra crear más sistemas opresivos que atentarían contra los derechos constitucionales de seres humanos indefensos, como lo haría la despenalización del aborto. Al contrario, implica una distribución de recursos a través de una alianza holística entre Estado, Iglesia y ONG.
Servicios de apoyo a nivel comunitario, municipal, departamental y nacional hacia mujeres embarazadas sería un buen comienzo. Iglesias y ONG podrían jugar un papel crucial en los mismos. Dar hogar, manutención y crianza a bebés cuyas madres no quieran hacerse cargo de ellos puede aliviar la presión que conduce a mujeres bajo la ruta del aborto. Implementar la educación sexual en escuelas e incrementar el peso de la ley hacia violadores puede disminuir la cantidad de embarazos no deseados.
El movimiento pro vida se encuentra en una etapa descentralizada con falta de visión e identidad clara. Enfrente tiene a un lobby pro aborto apoyado por organizaciones internacionales de renombre, con fondos y objetivos claros. Es necesario que el movimiento pro vida autoevalúe su situación, revolucione la manera de transmitir su mensaje y proporcione nuevas soluciones. No basta con decir o creer que tiene superioridad moral. El futuro de cientos de miles depende de ello.
*Estudiante de Economía
y Ciencias Políticas