La derogación del artículo del Código de Familia que contemplaba el matrimonio infantil abre nuevas perspectivas hacia la protección integral de los y las menores. Con ello se da un paso importante para poner fin a una práctica nociva y se cierran las puertas para que los agresores sexuales eviten la cárcel al contraer matrimonio con sus víctimas. Además, con esta reforma el Poder Legislativo asume la necesidad para hacer frente a una preocupante realidad con altos índices de embarazos de menores de edad, mortalidad materna y otros factores de riesgo.
En este contexto, no es de extrañar que la despenalización del aborto haya tomado un renovado impulso a través de una iniciativa legislativa recientemente presentada en la Asamblea Legislativa para la reforma al Código Penal. Todo ello, ante la necesidad de prevenir casos como el recientemente reportado de una niña de 10 años con discapacidad mental, quien, tras haber sufrido una supuesta violación y quedar embarazada, fue atendida en el Morazán por complicaciones durante el parto. Este caso se une al de al menos otras 20 mujeres quienes, luego de sufrir partos extra hospitalarios, abortos espontáneos o emergencias obstétricas, fueron condenadas a penas de prisión desproporcionadas, procesadas por aborto o, peor, por homicidio agravado.
A pesar de sus obligaciones internacionales y las reiteradas recomendaciones de distintos comités de derechos humanos de las Naciones Unidas para que el país revise la legislación en materia de aborto y permita excepciones, El Salvador sigue siendo uno de los pocos países en el mundo que contempla la prohibición absoluta del aborto. Esta situación ha conllevado consecuencias graves para las mujeres, quienes frecuentemente recurren a métodos de aborto peligrosos y clandestinos que ponen en riesgo sus vidas.
Conviene recordar que la jurisprudencia de dichos comités ha reiterado que la negación de servicios de abortos seguros y accesibles para la mujer compromete seriamente sus derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida e integridad física, a no ser sometida a tortura o trato inhumano o degradante, a la salud y derechos sexuales y reproductivos, a la autonomía y a la intimidad.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que un derecho absoluto a la vida prenatal puede colisionar con los derechos humanos de la mujer. En este sentido, la Corte determinó claramente que, si bien el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”, esta protección no es absoluta. Según la sentencia de la Corte en el caso Aratavia Murillo y otros vs. Costa Rica, la cláusula “en general” del artículo 4 de la Convención debe ser interpretada para “permitir, según corresponda, un adecuado balance entre derechos e intereses en conflicto”.
En el contexto de la discusión para la reforma al artículo 133 del Código Penal, hay que reconocer las iniciativas de actores nacionales, tales como la ministra Violeta Menjívar, la diputada Lorena Peña, el diputado Johnny Wright, la Comisión Nacional de Bioética y varias organizaciones de la sociedad civil. Corresponde ahora hacer un respetuoso llamado a la Asamblea Legislativa a que, sin mayor dilación, considere la despenalización del aborto, al menos en los tres casos identificados por la jurisprudencia internacional y regional. En tanto esta reforma legal no se dé, El Salvador debería introducir una moratoria en la aplicación de la legislación actual y revisar la detención de mujeres por delitos relacionados con abortos, como reiterado recientemente por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El camino está trazado, falta caminar hacia la meta.
*Alberto Brunori
Representante Regional para
América Central de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.