La probable utilización de fondos públicos por parte de los partidos políticos para financiar a las pandillas durante la tregua es un tema que debe ser judicializado, a juicio del presidente del Centro de Estudios Jurídicos, Humberto Sáenz Marinero.
El especialista opinó este jueves en la entrevista televisiva Frente a Frente que dar dinero a las pandillas para incidir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2014 pudo ser el delito más grave que habrían cometido funcionarios, en el contexto del pacto entre la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha.
En el juicio contra 18 personas a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusó de ejecutar acciones que facilitaron la tregua, y quienes el martes fueron absueltas por el Juzgado Especializado de Sentencia A, un pandillero con clave "Nalo" declaró que ARENA y el FMLN dieron a las maras 350 mil dólares a cambio de votos.
Sáenz Marinero consideró que esto confirmaría que los partidos políticos habrían utilizado fondos de la ciudadanía para financiar grupos terroristas con el propósito de presionar a la población para que votara en un sentido u otro, o para que no lo hiciera.
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@MOISESURBINA entrevista a doctores Rodolfo Garay Pineda, ex director de Centros Penales y Humberto Sáenz Marinero de @cej_sv #CasoTregua pic.twitter.com/IXL6JHMntJ
— Frente a Frente TCS (@Frentea_Frente) 31 de agosto de 2017
"Eso puede ser fraude electoral que debe ser investigado. Creo que donde debe enfilar sus baterías la Fiscalía y poner a sus mejores hombres a trabajar es en este caso, porque estamos hablando de los cimientos de nuestra democracia. El ejercicio del sufragio de la ciudadanía, cuya voluntad no debe ser vulnerada por grupos de pandillas", dijo Sáenz Marinero.
El abogado manifestó que si hay indicios suficientes de que se cometió el delito debe llevarse a los responsables ante un juez. Con esto se estaría previendo que no ocurran hechos similares en futuras elecciones.
Sáenz Marinero participó en el entrevista junto con el exdirector de Centros Penales, Rodolfo Garay Pineda, con quien hizo un análisis sobre el fallo del juez que liberó de cargos a las personas a las que el Ministerio Público acusó de permitir la tregua entre pandillas.
Los especialistas concidieron en que hubo una deficiente investigación de la Fiscalía, quien no logró individualizar la responsabilidad de los procesados.
#ElSalvador FGR cometió error de investigación en tregua al calificar los delitos sin conocer la ley, dijo Garayhttps://t.co/sWvEi4kpzy
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También señalaron que no se hizo una correcta calificación de los delitos y se dejó fuera del proceso a otras personas que evidentemente tenían responsabilidad en el caso, entre ellas el expresidente Mauricio Funes y el entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payés.
#ElSalvador En juicio tregua hizo falta judicializar responsabilidades hacia arriba, en la cadena de mando, opina Sáenz en @Frentea_Frente
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Caso tregua aún no ha terminado, señalan otros analistas
Por su parte, los analistas Martín Alexander Martínez y Oswaldo Feusier, expusieron en la entrevista matutina del Canal 33 que la Fiscalía General de la República puede hacer uso del recurso de casación, por eso no se puede decir que el caso de la tregua ya finalizó.
Incluso, Martínez expresó que queda la puerta abierta para procesar a mandos superiores, es decir, un segundo proceso para quienes autorizaron la tregua.
Además, exhortaron a otras instancias de justicia o administrativas a abrir un caso por las declaraciones del testigo criteriado "Nalo", quien aseguró que los partidos políticos entregaron dinero a los grupos delincuenciales.
"La tregua fue una negociación donde ganaba el gobierno con la tranquilidad de la ciudadanía, partido de poder y los pandilleros", sostuvo Martínez.
Yo veo un problema lógico, si no puedes procesar a alguien que ejecutó esa política, como lograras procesar a los de la idea:Oswaldo Feusier
— RepublicaSV (@RepublicaSV33) 31 de agosto de 2017
Ambos coincidieron en que hay un reto para el Ministerio Público, ya que sino se puede procesar a quienes ejecutaron esa "política de Estado", cómo se logrará procesar a quienes crearon la idea.
De acuerdo con Martínez, existe una responsabilidad penal del dirigente cuando no logra hacer una buena supervisión y control de la orden que gira a sus ejecutores.
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"El Estado no puede perder esa autonomía ante la ciudadanía, al negociar yo te doy, tú me das, con favorecer a grupos que atentan", sostuvo Martínez.
Los especialistas valoran que el ataque y asesinatos de policías por parte de estos grupos, da paso a entrever que están empujando una nueva tregua.