Los países de América Latina y el Caribe tienen que emprender estrategias de apoyo al capital humano en sus proyectos de desarrollo nacional si quieren mejoras en productividad y crecimiento económico, señala el estudio insignia 2017 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “Aprender mejor: políticas públicas para el desarrollo de habilidades”.
El documento detalla que aunque la región latinoamericana destina casi el mismo porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) a programas de educación y capacitación técnica, comparado con las naciones más desarrolladas, los resultados obtenidos son muy inferiores.
Aunque algunos invierten más, como Costa Rica (7.6 %) y Belice (6.5%) y otros menos, como El Salvador (3.8%) y Guatemala (2.8 %); en promedio, la región destina un 5.1 % de su PIB a estos rubros.
La cifra es igual a la inversión que hace Estados Unidos; no obstante, solo un 30% de los niños latinoamericanos en tercer y cuarto grado alcanzan el criterio mínimo de competencias matemáticas. En países desarrollados, es el 93%.
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El organismo internacional reconoce las habilidades como capacidades que aumentan la productividad de los individuos permitiéndoles producir más en igual tiempo y utilizando la misma tecnología y equipo; por eso, según el BID, existen al menos tres razones que justifican que los gobiernos destinen recursos públicos al desarrollo de habilidades de sus ciudadanos.
Destacan las “externalidades”: privadas, productivas y sociales. Para el BID, “cuando los individuos invierten tiempo, esfuerzos o recursos en el desarrollo de sus habilidades se ven recompensados con un sentimiento de realización personal y potencialmente con un salario más alto cuando comienzan a aplicar estas habilidades en el trabajo”.
La inversión en capital humano también se evidencia en que una fuerza laboral calificada facilita la adopción y difusión de nuevas tecnologías e ideas que, por ende, aumentan la productividad.
Asimismo, las personas con más habilidades son más activas en sus comunidades, y “tienen menos probabilidades de cometer delitos, son más proclives a cumplir con sus deberes cívicos y están mejor preparadas para contribuir a una sociedad democrática”, entre otras.