Las obligaciones financieras del Estado de El Salvador para el segundo semestre de 2017 ascienden a $951.8 millones.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) destacó que dos tercios de los compromisos que deben honrarse sí o sí entre julio y diciembre, corresponden al vencimiento de Letras del Tesoro (Letes), la también llamada ‘tarjeta de crédito’ del gobierno.
De acuerdo con los datos de Fusades, citando al Ministerio de Hacienda, la Central de Depósito de Valores de El Salvador (CEDEVAL) y la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), entre julio y diciembre de este año, el vencimiento de Certificados de Inversión Previsional (CIP), con los que el gobierno paga las pensiones del ISSS e INPEP, suma $138.7 millones.
En julio pasado se pagaron $47.4 millones y está pendiente para octubre la otra cuota de $91.3 millones, para la cual aún no se ha detallado de dónde saldrá el dinero.
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Pero además del pago de servicios de los CIP, el Estado tiene que pagar otros compromisos financieros en lo que resta del año. Entre ellos, unos $633.3 millones en Letes, dos terceras partes del total de pagos ineludibles del segundo semestre.
El investigador del Departamento de Estudios Económicos de Fusades, José Andrés Oliva, explicó que en esta cifra se incluyen los $150 millones de los instrumentos comprados por el Banco Central de Bolivia- cuyos pagos deben realizarse el 7 de septiembre y el 14 de diciembre de este año- y unos $483.3 millones de Letes vencidos de otros acreedores.
Más difícil
Las Letes son instrumentos financieros que le sirven al Estado para obtener financiamiento de corto plazo; es decir, deben pagarse a más tardar en un año después de su emisión. Frecuentemente el pago de los vencimientos de este tipo de deuda se hacen con ‘roll over’ (refinanciamiento); no obstante, las bajas en la calificación de riesgo soberano, advierten un riesgo de que esto no suceda; o bien, que los acreedores suban la tasa de interés.
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Como los principales tenedores de Letes son los bancos locales e internacionales, con alrededor de un tercio del saldo cada uno,Oliva detalló que la incertidumbre fiscal “ha elevado los estándares de colocación”, y además éstos han comprado menos.
Fusades detalla que, por ejemplo, los bancos locales tenían unos $667 millones de saldo en Letes en septiembre del año pasado, pero seis meses después, con la convulsa situación de impago y las bajas en la calificación de riesgo, redujeron su exposición a estos papeles bursátiles y, desde marzo 2017, han mantenido la mitad de eso. Para junio eran $278 millones. Los bancos no residentes, en tanto, mantienen alrededor de $238 millones; y la tasa de interés ya promedia un 7.25%.
Pero el país también debe pagar por sus préstamos. Las cifras oficiales revelan que durante julio y diciembre deben amortizarse $167.8 millones por préstamos externos y unos $12 millones por créditos internos.
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“Ajustes” no lograron gran reducción en la brecha financiera
Reconociendo que “las finanzas públicas de El Salvador se encuentran en un punto crítico” y que “llevar a la práctica un ajuste fiscal no es una opción, sino una necesidad en la dirección correcta”; Fusades estimó que la brecha financiera no cubierta entre los ingresos y gastos qué hacer durante este año ronda los $537 millones y, aunque el gobierno ha implementado ciertas medidas, éstas no han sido suficientes para obtener una reducción significativa.
Fusades señala que la brecha paulatinamente se ha cerrado pero con medidas específicas e ingresos extraordinarios (no permanentes).
Por ejemplo, la nueva manera de cálculo para entregar el subsidio de electricidad permitió ahorrar $48.2 millones; y los ingresos de los pagos en títulos emitidos por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) sumaron ingresos por $28 millones; el monto recuperado luego del litigio con Pacific Rim y Enel Green Power unos $5.6 millones; y la venta de acciones de ingenios por $23 millones, entre otros.
No obstante, estos “ajustes” solo suman $128.57 millones, de manera que la brecha no cubierta se mantiene en alrededor de los $408 millones.
El tanque de pensamiento ha insistido en que implementando una reforma integral al sistema de pensiones (como la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, ICP) y además haciendo un ajuste fiscal equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), la diferencia entre los requerimientos de financiamiento y la estimación de financiamiento obtenido reduciría en casi un 60%, dejando la brecha no cubierta en unos $219 millones.