El canciller Hugo Martínez celebró la petición formal a la administración de Donald Trump para prorrogar el Estatus de Protección Temporal, TPS, para unos 200 mil salvadoreños que siguen amparados a este beneficio migratorio desde el año 2001.
El jefe de la diplomacia salvadoreña ofreció declaraciones en una corta rueda de prensa en la sede consular en Washington DC, donde destacó los encuentros que ha sostenido con funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, en una visita de trabajo que inició el miércoles reciente.
Martínez aseguró que los funcionarios de DHS le han asegurado que harán el anuncio de la prórroga para la reinscripción del estatus legal unos 60 días antes del vencimiento de este, que caduca el 8 de marzo de 2018.
“Como me lo había confirmado la secretaria interina (Elaine) Duke, ya han iniciado el proceso de análisis para una decisión sobre el TPS, entonces era el momento oportuno para presentar una solicitud formal”, dijo Martínez.
El funcionario agregó que en la carta de petición del gobierno salvadoreño a la administración de Donald Trump han explicado que el país sigue afectado por los efectos de las tormentas tropicales que dejaron daños al país años después de los terremotos de 2001, y de los que El Salvador aún no logra recuperarse.
“Por supuesto que hemos ido a las razones que originaron el TPS en 2001, pero hemos puesto de relieve también la situación como ha cambiado, que nuestra comunidad está muy integrada aquí. Esperamos que como bien nos lo confirmó ahora DHS unos 60 días antes de que termine la prórroga ellos estarían haciendo el anuncio sobre esta decisión”, razonó.
En días recientes la activista y delegada estatal de Maryland, Ana Sol Gutiérrez ha estado en una campaña abierta para hacer movilizaciones a forma de presionar al gobierno de Estados Unidos para que avale el TPS para los salvadoreños.
Esto ante los rumores de que la administración Trump es renuente a seguir manteniendo esa figura, y después de que la revalidación para los haitianos solo se hiciera para un corto período de de seis meses, a principios de año.
La delegada que asistió también al evento en la sede del consulado general, dijo que lo importante es seguir haciendo protestas y alianzas con organizaciones y empresas para justificar el TPS de los salvadoreños, como algo necesario.
El ex secretario de DHS, John Kelly, hoy jefe de gabinete en la Casa Blanca, fue uno de los que aseguró en meses recientes que la figura del TPS no puede considerarse como algo permanente y de sucesivas renovaciones, por lo que ameritaba una revisión exhautiva de ese estatus.
Refugiados menores
La petición de renovación del TPS ocurre en momentos en los cuales el gobierno de los Estados Unidos ha eliminado un programa que beneficiaba a los menores que pedían refugio en tierras norteamericanas.
Se trata de la cancelación del programa de admisión condicional del Programa de Procesamiento de Refugiados para Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés para El Salvador, Guatemala y Honduras), esto luego de que el presidente Donald Trump, firmó el 25 de enero una orden enfocada en Mejoras a la Seguridad en la Frontera y al Control de Inmigración.
Por lo tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ya no considerará automáticamente las solicitudes de permisos humanitarios para menores de los tres países.
La embajada de Estados Unidos en El Salvador a través de un comunicado detalló en su momento que a través del programa CAM, vigente desde el 1 de diciembre de 2014, revisaba los casos de menores con parientes de estatus legal con en ese país y que solicitaban estatus de refugiado.
Según el comunicado, “los solicitantes que que no calificaban como refugiados, eran considerados automáticamente para un permiso de admisión condicional por un tiempo no mayor de dos años”.
La sede diplomática aclaró que ese cierre del programa no afecta a la porción de procesamiento de refugiados del programa CAM y las solicitudes para obtener estatus de refugiado se seguirán procesando. CAM es un programa que proporciona a ciertos menores del Triángulo Norte estatus de refugiado y el posible reasentamiento en EE.UU.