El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que establezca, a más tardar en 30 días, un plan que detalle los plazos en los que realizará las auditorías a las cuentas y bienes de los funcionarios del gabinete de Mauricio Funes (2009-2014), tal como lo solicitó el abogado Danilo Vega Cruz.
De la misma manera, ordena que se hagan similares auditorías a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del período 2009-2014, de diputados de 2009 a 2015, de los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) de 2011 a 2016 y de algunos jefes militares.
Sin embargo, la oficina de información de la CSJ le notificó que las auditorías aún no se han realizado, por lo que no se podía entregar la información solicitada. Ante eso, Vega Cruz apeló ante el IAIP, quien realizó una audiencia para escuchar a ambas partes.
En los argumentos expresando en la resolución, el IAIP señala que no contar con un plazo para disponer de la referida información “es una violación manifiesta a la seguridad jurídica”.
“El instituto, en aras de garantizar el derecho de acceso a la información pública, considera oportuno ordenar la elaboración de un plan por parte de la Sección de Probidad en el que se detallen los plazos en los que se aplicarán la auditorías de los funcionarios públicos requeridos por el señor Vega Cruz”, señala la resolución del IAIP.
También ordenó a la CSJ que entregue al solicitante el plan “para dar certeza de los plazos en que se obtendrán resultados de las auditorías de patrimonio; asimismo, se ordene la entrega de las auditorías en el plazo que establezca dicho documento”.
La investigación solicitada por Vega Cruz incluye a secretarios de Funes como Franzi Hato Hasbún y Francisco Cáceres, hasta ministros clave, como Manuel Melgar, de Justicia y Seguridad, el de Hacienda, Carlos Cáceres, y el de Defensa, David Munguía Payés, viceministros y titulares de instituciones autónomas, entre otros.
Sin embargo, la oficina de información de la CSJ detalló en su momento que ya se estaban analizando las declaraciones del viceministro de Transporte, Nelson García, y la de Jaime Rodríguez, quien presidió el Instituto Nacional de los Deportes (Indes) en la administración Funes, por lo que no se incluyen en el listado del peticionario.
También están fuera del mismo el expresidente Mauricio Funes, y su exesposa y ex Primera Dama, Vanda Pignato, señalados de enriquecerse con más de $700 mil.
La Sección de Probidad ha señalado en varias ocasiones que no cuenta con el personal suficiente para realizar con rapidez las auditorías a las cuentas de los funcionarios, por lo que necesitan a más investigadores.
También sostuvo en su momento que en la mayoría de los casos se debe solicitar información bancaria en el extranjero, proceso que les lleva mucho tiempo.