Las elecciones de 2018 y 2019 preocupan a los ciudadanos, porque de sus resultados depende que El Salvador continúe hundiéndose, siguiendo los planes descaradamente expuestos por el FMLN en el Foro de Sao Paulo, o enderece el rumbo para tomar la ruta del desarrollo viviendo en democracia.
Como el TSE es responsable de que las elecciones sean transparentes y reflejen la voluntad popular, vale recordar la negra experiencia de las últimas elecciones, llenas de irregularidades sospechosas.
Contratación de empresas desconocidas, sin experiencia, fallos en la transmisión de datos, las ingratas condiciones en que trabajaron los heroicos ciudadanos en las mesas de votación y el largo tiempo transcurrido para conocer los resultados.
Las indignantes declaraciones del magistrado presidente, que en lugar de pedir excusas o haber renunciado por dignidad por el pésimo desempeño demostrado, cínicamente afirmó sentirse satisfecho por el desarrollo del proceso. Y más grave, que todavía dirija el organismo electoral, en condiciones que se vislumbran más complicadas que las de 2015.
El TSE presentó un presupuesto de $39 millones, que Hacienda rebajó a $25 millones. Pero curiosamente, a los magistrados pareció no importarles un recorte de $14 millones y lo aceptaron con resignación. Pero el recorte presupuestario les ha permitido justificar las pocas posibilidades de contratar tecnología de punta; de montar una campaña para que los jóvenes, que han cumplido 18 años, puedan sacar el DUI para poder votar, ni de iniciar la capacitación necesaria para quienes estarán a cargo de las JRV.
Ante el clamor de gremiales empresariales y movimientos de la sociedad civil, exigiendo que se aumente el presupuesto, responden que los votos pueden contarse a mano, para publicar resultados una semana después, porque no hay ninguna prisa y exigirlo antes es morbo de agoreros con predicciones apocalípticas. Se insiste en el uso de los scanners donados por Corea, aunque sea un sistema obsoleto, que no garantiza ni transparencia ni pronta transmisión de resultados, frenando la posible participación de otras empresas con probada experiencia, con sistemas modernos y confiables, con algoritmos de verificación de resultados probados en recientes elecciones en otros países.
Los magistrados demuestran una actitud molesta y de rechazo ante los cuestionamientos ciudadanos, sobre sus actividades. Representantes de DECIDE entregaron una carta ese tribunal pidiendo una audiencia, que aún no les ha sido concedida y solicitando una explicación sobre el proceso de contratación de tecnología para el servicio de conteo y transmisión de resultados, que genera serias dudas sobre su transparencia.
Informan los magistrados que si los partidos políticos no logran presentar 75,000 personas para integrar las JRV, el TSE puede convocar a voluntarios interesados en participar en un programa de formación ciudadana, para escoger a las personas que integrarán las mesas. Harán convenios con universidades para validar el servicio social de los estudiantes que participen. También podrían realizar un sorteo entre los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de los municipios del país, ya que el Código Electoral permite que las juntas electorales municipales hagan la designación, con el riesgo de que pudiera señalarse de dedo, al primero que va pasando, aunque desconociera la tarea a realizar o estuviera manipulado por los partidos políticos.
Con tan negras perspectivas, no podemos esperar que las próximas elecciones sean transparentes y confiables. Nunca había ocurrido algo semejante en nuestra historia reciente. HAY QUE SACAR AL FRENTE DEL GOBIERNO.
P. S. ¿Puede ser preocupante el decreto transitorio que se presentará a la Asamblea Legislativa, para legalizar 200,000 centroamericanos que actualmente están ilegales, y si esto supone dotarlos de DUI; en vísperas de elecciones? ¡Alerta, ciudadanos!
*Columnista de El Diario de Hoy.