La trascendencia de las investigaciones sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente Mauricio Funes y la presunta manipulación de la Fiscalía por Luis Martínez, exfiscal general, no tiene precedentes recientes. La pericia y competencia con la que se desarrollen las indagaciones, sustenten los casos y se desempeñen los acusadores en los tribunales, tienen que ser de primer nivel. La parte más delicada, en donde funcionarios corruptos y criminales poderosos de diferentes partes del mundo han demostrado tener más influencia sobre el desenlace de sus procesos, es en los tribunales. Casos endebles difícilmente lograrán sobrevivir las artimañas jurídicas y no-jurídicas que caracterizan a las estrategias de defensa de imputados que gozan de tanto poder e influencia.
Ambos casos, durante sus primeras etapas, han empezado a exhibir las atípicas particularidades que se presentan en procesos de esta naturaleza y que se desarrollan bajo complicadas condiciones como en las que opera el sistema de justicia penal salvadoreño. Aunque son varias, dos sobresalen por burdas y provocativas: el reciente intento por personal policial de allanar la residencia de Douglas Meléndez, actual fiscal general, y la alteración de documentos jurídicos vinculados a la investigación de Mauricio Funes.
Tanto el caso del expresidente como el del exfiscal conllevan graves consecuencias para actores clave del oficialismo. Los detalles que están arrojando las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y la forma en que Funes y los dirigentes del FMLN han decidido encarar la realidad que éstas plantean, proyectan al partido oficial como una entidad que no solo alberga corruptos, sino que también los defiende, poniendo en duda la integridad y honestidad de los dirigentes partidarios que abogan por Funes y atacan a la Fiscalía. La única explicación razonable para que los dirigentes oficialistas intenten defender lo indefendible, es que tengan temor a que con este caso se siente un precedente que pueda llevar al inicio de otros similares.
Los pormenores del caso de Martínez, por otro lado, tienen el potencial abrir las puertas para vincular a dirigentes del FMLN con actividades delictivas. Rais, según investigaciones periodísticas, aparte de ser un acaudalado empresario, presuntamente está vinculado con varios ilícitos. El exfiscal, a quien se le acusa de fabricar casos en contra de enemigos de Rais, no es el único funcionario que ha viajado en los aviones del empresario. Hasta el mismo Sánchez Cerén ha sido pasajero en esas aeronaves. Si Rais puso sus aviones al servicio de Martínez en el marco de un patrón de corrupción sistemática, la inferencia lógica que cualquiera hace es que Sánchez Cerén y todos los dirigentes oficialistas que viajaron en las aeronaves tenían una relación similar con el empresario. Si grupos ilícitos infiltraron a la Fiscalía, en otras palabras, también penetraron en el Gobierno y la cúpula del partido oficial.
El desgaste que está teniendo y el que tendrá el FMLN son significativos, pero el peligro real de los casos es contra los dirigentes del partido. Los resultados de las investigaciones tienen el potencial de propiciar un relevo obligado en la cúpula del partido de izquierda. El allanamiento frustrado en la casa del fiscal general y la alteración de documentos jurídicos deben de interpretarse bajo esta óptica.
Lastimosamente, estas dos acciones, aunque burdas, solo son el comienzo. A medida avancen los casos y las cosas se compliquen, lo más probable es que las estrategias adoptadas por quienes están interesados en que cesen las indagaciones, se agudicen. Los ataques, bloqueos y filtraciones se intensificarán. El manejo de los casos, por tanto, tiene que ser impecable. La ciudadanía, por otro lado, debe de estar activa, señalando, condenando, y manifestándose en contra de quienes defienden a corruptos para defender sus propios intereses en detrimento del bienestar de los salvadoreños.
*Criminólogo
@cponce_sv