La audiencia contra Elías Antonio Saca y otros 17 imputados de supuestos casos de corrupción judicial estuvo marcada por la sigilosa y tardía llegada del expresidente.
Aunque los periodistas lo esperaban desde temprano, agentes de seguridad lo trasladaron a la sala de audiencia por una entrada autorizada solo por personal judicial.
Permaneció pocos minutos y luego se retiró con el aval de la Jueza Noveno de Paz para recibir atención en el Instituto de Medicina Legal tras alegar quebrantos de salud.
Antes, la jueza había decretado un tiempo para que los abogados defensores revisaran la prueba que la Fiscalía había ofrecido ayer mismo a fin de comprobar los ilícitos que imputa a las personas.
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Al volver, los fiscales solicitaron a la jueza que decretara reserva parcial al proceso.
Alegaron que, de ser público, expondrían a víctimas y a otras personas que no habían cometido delitos pero que habrían faltado a la ética. El grupo de defensores se opuso.
Posteriormente, la Fiscalía solicitó la detención preventiva para todos los imputados, incluso para aquellos que son acusados de delitos con penas menores. Señalaron que de estar libres podrían interferir en la investigación, o incluso, deshacerse de pruebas.
La mayoría de los supuestos casos de corrupción judicial, de los que son acusadas las 18 personas, están sustentados en escuchas telefónicas, de acuerdo con lo manifestado por los fiscales en sus intervenciones en la audiencia.
En su intervención, Mario Machado, defensor de Saca, aseguró que la acusación contra el exmandatario está sustentada en escuchas telefónicas, pero que en ningún momento demuestran que él haya ofrecido $10 mil para que le ayudaran a salir exonerado en el proceso civil que se le sigue junto a su esposa por enriquecimiento ilícito en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador.
“En las escuchas, mi cliente (Saca) no ha ofrecido, no ha prometido, ni ha entregado (los $10 mil)”, dijo Machado.
Minutos después, Machado declaró a los periodistas que “lo más sorprendente es que le estén haciendo una imputación a la señora empleada de la Cámara que no tiene facultad de resolver, y por un caso que no es de Elías Antonio Saca, sino que es de Élmer Charlaix”.
Las escuchas telefónicas con las que cuenta la Fiscalía General para acusar a Saca se realizaron entre septiembre y octubre del año pasado, explicó su defensor.
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Tras finalizar las intervenciones de los defensores de los 18 acusados, la jueza Noveno de Paz les dio la oportunidad a los imputados para que se defendieran.
La mayoría de los acusados coincidieron en pedirle a la jueza que los procesaran en libertad porque tienen compromisos familiares y laborales que atender.
Además se declararon inocentes de los delitos que les atribuye la Fiscalía y se comprometieron ante la jueza a presentarse al juzgado cada vez que se les requiera.
La situación jurídica de las 18 personas se conocerá el próximo sábado, cuando la jueza decida si los mantiene detenidos en un centro penal, los procesa en libertad o los exonera definitivamente de los delitos de los que se les acusa.