La reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordena reformar el Presupuesto General de 2017, tendrá “implicaciones directas” sobre las prestaciones laborales en el sector público y en los servicios básicos, según un comunicado publicado por el Consejo de Ministros del Gobierno.
“La sentencia tendrá implicaciones directas este año y en los venideros en servicios a la población y en la revisión de prestaciones laborales, que están amparadas en contratos colectivos, escalafones u otros instrumentos que protegen esos derechos”, señalaron los ministros.
De la misma forma, agregaron que se afectará a las Organizaciones No Gubernamentales a las que el gobierno brinda apoyo financiero.
El Consejo de Ministros también declaró que ya han venido cumpliendo con un plan de austeridad que contempla las medidas ordenadas por la Sala, como compra de vehículos de lujo, boletos de avión, entre otros gastos.
“Esas medidas de ahorro y austeridad en el gasto, para nosotros como órgano Ejecutivo, no son extrañas ni novedosas, pues las mismas y aun más están contempladas en la Política de Ahorro y Eficiencia en el Gasto del Sector Público 2017”, manifestaron.
Criticaron, además, que el máximo tribunal de justicia solo se haya pronunciado respecto a los gastos y no a “fuentes de ingresos”.
Los ministros consideraron que la sentencia emitida por la Sala también compete a otros órganos, incluyendo el judicial. “El pueblo debe saber que esas medidas de recorte y austeridad el tribunal las ha dictado no solo para el órgano Ejecutivo, sino para todas las instituciones públicas, incluyendo entonces el Ministerio Público, instituciones autónomas, órgano Legislativo y al mismo órgano Judicial”, sostuvieron.
Aseveraron que los gastos que la Sala ha considerado excesivos en su sentencia, como viáticos, compra de carros de lujo, bonos e incrementos salariales, también los implementó el órgano Judicial.