Presunta red de corrupción judicial cobraba de $50 a $10,000

La Fiscalía y la Policía coincidieron en que la referida estructura favorecía a procesados por distintos delitos.

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Dos personas son procesados por vender incapacidades del ISSS.

Por David Marroquín

15 August 2017

La Fiscalía General informó que las 18 personas involucradas en una supuesta red de corrupción en el sistema de la administración de justicia habrían cobrado o pagado desde 50 hasta 10,000 dólares, dependiendo de lo complejo de los procesos judiciales.

“Dentro de la investigación se ha determinado que el dinero que pedían estas personas iban desde los 50 dólares hasta los 10 mil dólares a cambio de prebendas u obtener beneficios judiciales”, dijo un oficial de la División Elite contra el Crimen Organizado (Deco) de la Policía.

Las investigaciones de esta estructura, según el jefe de la unidad anticrimen de la Fiscalía Will Walter Ruíz, comenzaron “por el tema de pandillas y algo relacionado a un cohecho y luego se desencadenó en todo esto”.

De hecho, tres grupos de pandillas habrían sido beneficiados con resoluciones judiciales a su favor a cambio de pago de dinero, según Ruíz.

Explicó que las personas detenidas enfrentarán cargos penales por agrupaciones ilícitas, cohecho, falsedad ideológica, falsedad material prevaricato e incumplimiento de deberes.

“Estamos resolviendo 29 hechos en los cuales se ha afectado la administración de justicia”, declaró Ruíz.

Aseguró que los casos de sobornos para favorecer a imputados en los procesos judiciales se dieron en los juzgados de Paz de San Francisco Menéndez, Primera Instancia de Acajutla, Primera Instancia de Izalco y la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador.

El oficial de la Deco aseguró que abogado Víctor Manuel Melgar González, apodado Pitinga y a quien le atribuyen ser el cabecilla de la red, hacía uso de sus influencias para contactar a funcionarios como jueces, secretarios judiciales y colaboradores jurídicos de los tribunales.

La intención era buscar favorecer a imputados con beneficios legales en los procesos judiciales que le seguían, a cambio de entregar dinero a los acusados, según la Policía.

“Los detenidos son actores claves en la administración de Justicia, quienes realizaban actos de corrupción al interior del sistema judicial con el fin de dar beneficios penales a personas que eran procesadas”, dijo el oficial.

Entre los detenidos hay cinco empleados judiciales, ocho abogados particulares, un fiscal, un exfiscal, un exjuez, un sargento de la Policía y un agente de la corporación policial entre otros.

La mayoría de los imputados aseguraron que no tienen nada que ver con las acusaciones que le formulan la Fiscalía.

No obstante, el oficial de la Deco dijo que “si no existiera ninguna vinculación directa en los delitos que se les imputa, la Fiscalía no hubiera emitido las órdenes de detención correspondientes”.

Agregó que algunos de los acusados proporcionaban información confidencial a los abogados defensores lo que le “permitía a la defensa crear estrategias a la hora de los requerimientos correspondientes en las vistas públicas en contra de diferentes personas”.