El expresidente Elías Antonio Saca enfrenta desde ayer una nueva acusación penal promovida por la Fiscalía General. Se le acusa de haber ofrecido dádivas por 10,000 dólares para que lo favorecieran en el proceso civil que se le sigue por enriquecimiento ilícito en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador.
Saca es procesado en la referida Cámara porque, supuestamente no ha justificado ingresos patrimoniales por 3 millones 970 mil dólares durante su gestión presidencial 2009-2014. La Fiscalía argumentó en su oportunidad que ese dinero no justificado provenía de fondos públicos de la Presidencia de la República.
A su esposa, Ana Ligia de Saca, le cuestionan 589,600 dólares con los que, supuestamente, se pudo haber enriquecido también.
Si Saca resulta responsable en este proceso civil, solo tendrá que regresar la cantidad de dinero que se pudo haber apropiado de las arcas del Estado.
La nueva acusación de soborno que le acumula la Fiscalía a Saca se dio en el marco de la operación que el Ministerio Público denominó “Transes” para combatir la corrupción de algunos miembros del sistema de la administración de justicia.
Con la referida operación, se arrestó a ocho abogados particulares, cinco empleados judiciales, un exjuez, un exfiscal, dos policías y un fiscal de Ahuachapán.
Al expresidente Saca le notificaron de esta otra imputación penal en el sector nueve del centro penal La Esperanza, conocido como Mariona. Ahí se encuentra recluido en espera del proceso penal por lavado de dinero de 246 millones de dólares, según la acusación fiscal.
Fiscalía: contactó a un abogado para sobornar
Las investigaciones fiscales y policiales apuntan a que el expresidente Saca contactó al abogado Víctor Manuel Melgar González para que le ayudara a que lo favorecieran en el proceso civil.
A su vez, Melgar se comunicó con Angela Iracema Avelar Salinas, quien es colaboradora jurídica de la Cámara Primera de lo Civil. Ella también fue detenida en el operativo.
Según un investigador de la Policía, el abogado Melgar le habría dicho a Avelar Salinas que necesitaba que favoreciera al expresidente Saca para que saliera bien librado del caso civil a cambio de entregarle una cantidad de dinero.
El investigador señaló que el ofrecimiento económico de Saca, aparentemente, no se pudo concretizar, porque todavía estaba en proceso.
El jefe de la Unidad Anticrimen de la Fiscalía General, Will Walter Ruíz, sostuvo que los hechos de soborno por parte de Saca se dieron del 23 de agosto al 9 de noviembre del año pasado, período en el que se dieron las negociaciones para tratar de favorecer a Saca.
“Realmente no les podemos establecer cuánto recibieron de dinero porque no tenemos un testigo criteriado que nos diga... En el caso de la Cámara lo que estaban ofreciendo para la ayuda (es) aproximadamente 10,000 dólares (caso Saca)”, dijo Ruíz.
Aseguró que Avelar Salinas proporcionaba información confidencial del proceso, pero se la hacía llegar a través del abogado Melgar González.
“Ella iba ayudar haciendo un estudio por el caso que se había presentado y necesitaban que se dilatara un poco, obviamente por una estrategia que tendrían los imputados”, dijo el jefe fiscal.
Explicó que dentro de las investigaciones se le dio seguimiento a la colaboradora jurídica y en una oportunidad, al salir de su trabajo en la Cámara, se dirigió a las oficinas del grupo Samix, propiedad de Saca.
Esa visita de Avelar Salinas ocurrió “en los días en los que se estaba tratando que se hicieran algunas actividades que le pudieran ayudar (a Saca)”, según el fiscal.
Ahora tendrá que enfrentar la acusación de cohecho propio (funcionario o empleado público que acepta el ofrecimiento de una dádiva).
Al defenderse, Avelar Salinas desmintió las acusaciones que le formula la Fiscalía y aseguró que en ningún momento ha contactado con el expresidente Saca para ayudarle en su proceso judicial.
Dijo que desconocía las razones por las que la Fiscalía la acusa de recibir dádivas de Saca, que ni lo conoce.
Además del proceso civil por enriquecimiento ilícito, Saca y su esposa son procesados penalmente por lavado de dinero en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.
En el mismo proceso son señaladas otras 14 personas, entre ellas varios exfuncionarios de Saca, quienes habrían desviado $246 millones de fondos de la Presidencia de la República. Otros de los acusados son el exsecretario Privado, Élmer Charlaix; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, y el exsecretario de Juventud, César Funes.
Ellos están recluidos junto a Saca en el sector nueve del penal de Mariona.
Junto con ellos también se encuentran Pablo Gómez, contador del secretario Privado de la Presidencia; Francisco Rodríguez, jefe de la Unidad Financiera Institucional, y Jorge Alberto Herrera, tesorero institucional.
Los tres aún trabajaban en Casa Presidencial al momento de ser detenidos. Son acusados de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.