Con la “Unidad Especial Antiimpunidad”, anunciada por el Fiscal General de la República en una videoconferencia organizada desde Washington por el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, son tres los modelos institucionales para el combate de la corrupción en la región Centroamericana. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH) complementan el grupo de entidades con las que los Estados del triángulo norte enfrentarán un flagelo por años enquistado en sus respectivas sociedades pero sobre el que muy pocos mostraron interés por erradicar.
Las funciones y la evolución de los tres prototipos son muy diferentes. La génesis de la CICIG se remonta al año 2006 y su principal promotor fue el exvicepresidente de la República, Eduardo Stein, junto a la Organización de las Naciones Unidas. Los cinco fenómenos criminales priorizados para su investigación por la CICIG son el contrabando, la corrupción administrativa, el financiamiento electoral ilícito, la corrupción judicial, el narcotráfico y el lavado de activos.
En agosto de 2014 se concretaron capacitaciones sobre métodos de análisis financiero, detección de capitales, narcotráfico, corrupción institucional y análisis criminal e identificación de estructuras. Fueron capacitados un total de 65 funcionarios de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Fiscalía contra la Corrupción, Fiscalía contra el Lavado de Dinero, Fiscalía de Delitos Administrativos, Fiscalía de Delitos Económicos y del Departamento de Análisis Criminal. El caso conocido como “La Línea”, que desmanteló una red de defraudación aduanera en abril de 2015, y el de la “cooptación del Estado de Guatemala”, de junio de 2016, son dos de los procesos exitosos de la CICIG.
Por su parte, el convenio que constituyó la MACCIH fue suscrito el 19 de enero de 2016 entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA. Las líneas de acción se basaron en cuatro componentes: i. La prevención y el combate a la corrupción; ii. La reforma de la justicia penal; iii. La reforma político-electoral; y iv. La seguridad pública.
De manera similar a la CICIG, la MACCIH no se limita a una sola área de investigación y amplía sus facultades, por ejemplo, a la materia electoral. En este ámbito presentó, siempre con el respaldo de la OEA, una “Ley de Política Limpia”, en la que se imponen límites a los partidos para gastar en las campañas electorales, se fundan registros de contribuciones privadas, se abre la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización con el objetivo de auditar, investigar y sancionar a partidos y candidatos que infrinjan la normas de financiamiento y se prohíben los donativos anónimos.
En el proyecto de ley de la MACCIH sobre el financiamiento de los partidos también se les impone la obligación de informar sobre sus ingresos y gastos, se establece la sanción de “expulsión” de la competencia electoral para los candidatos cuya campaña sea financiada con dinero ilegal, se crea un catálogo de sanciones que puede llegar hasta la cancelación de la inscripción de un partido, se prohíben los actos de inauguraciones de obras como actos de proselitismo y se suspende la publicidad estatal durante el tiempo que dure la campaña electoral. Algunos de los castigos son muy severos porque podrían debilitar al sistema de partidos, pero lo relevante es la intervención en un espacio que indudablemente se presta a conductas ilegales.
La situación salvadoreña tendrá matices diferentes. Será el Fiscal General de la República el que, reformando el Reglamento Especial de la FGR, creará la nueva unidad. Las funciones de esta instancia tendrán como límite las atribuciones que la Constitución de la República y la respectiva Ley Orgánica otorgan al titular de la Institución. Las ventajas de esta iniciativa son la especialización que podrán adquirir sus integrantes, el soporte que le brindará la comunidad internacional y la coordinación con otras instituciones públicas para la obtención de información y la persecución del delito.
Con la Unidad Antiimpunidad se cierra un círculo que, en el marco de la Alianza por la Prosperidad, procurará mejorar el funcionamiento de la institucionalidad democrática por medio de la intolerancia a la malversación de los fondos públicos.
*Columnista de El Diario de Hoy