La tregua que pactaron en marzo de 2012 los cabecillas de la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha fue una política de Estado del gobierno de Mauricio Funes, quien ordenó destinar fondos públicos para el proceso, delegó a funcionarios de su gabinete para que se involucraran y respaldó a los mediadores.
“El presidente Funes avaló el proceso, estaba interesado y me expresó total apoyo”, afirmó monseñor Fabio Colindres, uno de los cinco testigos clave que declararon este lunes, en el primero de los 10 días que podría durar el juicio contra 18 personas ligadas a este caso.
Colindres, Obispo del Ejército y la Policía, fue el primero en comparecer ante el juez especializado de Sentencia, Godofredo Salazar. El prelado y Raúl Mijango (uno de los procesados) fueron los mediadores del pacto que iniciaron las pandillas en marzo de 2012 y terminó en mayo de 2013.
El obispo castrense relató que, a finales de 2011, el entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payés (actual titular del Ministerio de Defensa), lo invitó verbalmente a participar en un proceso de diálogo entre las maras.
Él aceptó hacer un trabajo pastoral con los delincuentes recluidos en las cárceles, con la convicción de que eso ayudaría a reducir la violencia.
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Agregó que Munguía Payés le hizo saber que Mijango participaría como representante de la sociedad civil. Su misión sería llevar un “mensaje de pacificación” a los cabecillas de ambas pandillas. Fue así como ambos empezaron a reunirse, entre enero y febrero de 2012, con jefes de las pandillas recluidos en el penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca (conocido como Zacatraz), en La Paz.
Los delincuentes aceptaron hacer la tregua. A cambio hicieron una serie de peticiones, entre ellas que se les trasladara de ahí hacia cárceles de menor seguridad; que se les dieran teléfonos celulares para informarles a sus bases el pacto que iban a iniciar y que les permitieran recibir visitas de sus familiares.
“Mi rol era anunciar a Cristo, Mijango trasladó las peticiones de los pandilleros al ministro de Seguridad”, explicó Colindres en la audiencia.
El prelado dijo que el 9 de marzo de ese año se hicieron los primeros traslados (de entre 15 y 20 pandilleros) del Penal de Máxima Seguridad (Zacatraz) hacia el penal de Ciudad Barrios, en San Miguel. Después movieron a unos 12 al de presidio de Cojutepeque, en Cuscatlán.
En los primeros seis meses de la tregua, según él, hubo resultados positivos, pues disminuyeron los homicidios.
Colindres sostuvo que sobre las múltiples visitas que hizo al penal de Zacatecoluca y otros presidios le rendía cuentas a Funes, a Munguía Payés y a la Conferencia Episcopal.
Aseguró que el mandatario lo llamó cuatro veces para saber cómo avanzaba la tregua y le brindó su respaldo.
El obispo Colindres manifestó que meses después, a través de los medios de comunicación, se enteró de que se estaban dando irregularidades en las prisiones como la introducción de teléfonos para los reclusos y el ingreso de prostitutas.
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Investigaciones periodísticas dan cuenta de que durante la tregua los reos gozaron de privilegios, como permisos para hacer fiestas, introducción de televisores plasmas y demás aparatos electrónicos, así como ingreso de dinero y alimentos.
Aunque por varios meses los homicidios, que habían llegado hasta una veintena por día, empezaron a bajar notablemente, hubo un incremento de personas desaparecidas.
Pero en mayo de 2013 se acabó la tregua y las muertes violentas volvieron al alza.
Esto hizo que monseñor Colindres empezara a “sentirse solo y abandonado” y decidió que no tenía sentido continuar participando en el proceso.
“El presidente Funes dijo que desconocía el proceso y lo conocía. Es la primera vez que me sentí solo; luego mis hermanos obispos me dieron la espalda e hicieron un comunicado para desligarse (de la tregua)… Los ataques al proceso fueron a todo nivel”, señaló el obispo castrense.
OIE pagó alquiler de oficina de Mijango
Cuando llegó el turno de declarar del exdirector de la Policía, Francisco Salinas, también confirmó que la tregua entre pandillas fue una política del Gobierno, debido al involucramiento de varias instituciones del Estado, afirmación que también han hecho en todo el proceso los imputados y sus defensores.
Según dijo, el alquiler del inmueble donde funcionaba la oficina donde Mijango planificaba asuntos relacionados a la tregua, situada en la colonia Escalón, los desembolsaba el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
Además, el Centro de Inteligencia Policial (CIP) delegó al inspector Luis Alonso Aguilar Marín y al subinspector Juan Roberto Castillo para que participaran en el proceso haciendo tareas de inteligencia.
En otro lugar, Munguía Payés confirmó que la tregua fue parte de una política de Estado. Él ha sido citado a declarar en el juicio el viernes.