Respetar la propiedad privada de los ahorros de pensiones de los trabajadores fue la única condición que altos directivos de las AFP en el país le pidieron ayer al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en una reunión de alto nivel realizada a puerta cerrada en Casa Presidencial.
Los invitados eran los presidentes de las juntas directivas de las administradoras de capital hondureño y colombiano, que viajaron al país para escuchar el planteamiento del Gobierno, de cara a los compromisos que debe asumir en lo que resta del año y en un contexto político complicado.
De acuerdo con René Novellino, representante de las dos AFP en el país y parte de los invitados de ayer, la reunión se desarrolló en un tono cordial en la que tanto Gobierno como AFP’s expusieron sus posturas sobre el tema y las acciones que se deben tomar de aquí en adelante, para garantizar el pago de las pensiones y el financiamiento para las próximas.
El mandatario, por su parte, habló de las recientes resoluciones de la Sala de lo Constitucional que le impiden tomar más fondos de pensiones para pagar a los jubilados del ISSS e INPEP. El dinero solo alcanza para pagar pensiones hasta mediados de septiembre.
Además planteó la necesidad de tener más recursos para pagar una próxima amortización de $91 millones que debe cancelarse en octubre y que, de no hacerse, provocaría un segundo impago selectivo por parte de calificadoras internacionales.
Esta reunión es parte de las medidas que el presidente dijo que tomaría tras el revés jurídico que le dio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hace dos semanas cuando lo imposibilitó de tomar un 5% más de los ahorros de los cotizantes actuales.
“Aquí está en juego el pago de las pensiones, la estabilidad del sistema y la misma existencia de las AFP”, dijo horas antes de la reunión el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana.
Pero los representantes de las AFP expusieron, por su parte, que la solución no solo está en aprobar medidas temporales, sino más bien, en llegar a un consenso definitivo sobre una reforma de pensiones que dé sostenibilidad al sistema.
“El mensaje que llevaban era, formalmente, ratificar el contenido y propuesta de la industria como parte de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) resaltando que es la única propuesta que está sobre la mesa y que cuenta con un estudio financiero que la sustenta”, afirmó Novellino.
Novellino informó que tras escuchar el planteamiento del Gobierno, los directivos de las AFP le insistieron al mandatario que cualquier medida que se tome en torno al tema mantenga el respeto por la propiedad privada de los ahorros de los trabajadores y que las decisiones se tomen con base a argumentos técnicos y no con un sesgo fiscal.
Según el representante, la propuesta de la ICP, presentada en febrero pasado, es la única con sustento estadístico, que mantiene el respeto a los fondos de pensiones.
La propuesta del Gobierno, en tanto, plantea crear un fondo solidario tomando como capital base el 50% de los fondos de pensiones actuales, una cantidad que se estima en más de $5,000 millones.
“Nadie puede decir que tiene la verdad absoluta, pero sí planteamos que hay un insumo que ha sido consensuado y que ha pasado los rigores de ser revisado”, dijo.
Para Lorenzana, el Gobierno ya cedió: “dejamos la propuesta de un sistema mixto”, dijo horas antes. Por lo tanto, las AFP también debería ceder en algunos puntos, como el cobro de la comisión por la administración del dinero.
No obstante, Novellino dijo que no se habló de detalles durante la cita.
Discusión en la Asamblea
En la reunión, en la que también estuvieron las presidentas de las dos empresas en el país, se habló además, de reanudar la discusión del tema en la Asamblea Legislativa, donde está la decisión real de una reforma previsional.
Ahí los partidos de oposición son clave para avalar esta reforma en la comisión de Hacienda.
“No podemos esperar que el tiempo avance y se llegue a una crisis. El tiempo para analizar la propuesta se está acortando”, señaló.
Novellino dijo que no hubo una solicitud expresa del Gobierno para que sigan prestando dinero al Gobierno, pero que sí se planteó que si no hay una reforma vigente cuando se lleguen las fechas límite de pago de pensiones y de amortización de deuda, se tendrá que discutir una alternativa para estos pagos en el corto plazo.