Quienes resulten electos como diputados en 2018 designarán a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, al Fiscal General de la República y a los magistrados de la Corte de Cuentas, entre otros funcionarios de segundo grado. Seguramente darán seguimiento a los acuerdos que surjan, en lo que resta del 2016, para evitar, en el futuro, el incumplimiento del pago de la deuda pública, de los salarios de los empleados del Estado, de los fondos para las alcaldías, de las pensiones a los militares así como la escasez de bienes y servicios públicos.
Tendrán que controlar los actos del nuevo presidente de la República elegido en 2019. Los legisladores deberán actualizar el ordenamiento jurídico para que el combate contra la delincuencia, la promoción de la transparencia, el acceso a la información pública y la erradicación de la corrupción dependan de instituciones sólidas y no de la buena intención de los funcionarios de turno y de la generosa ayuda de los cooperantes.
Los 84 representantes que se proclamen en las siguientes elecciones, dentro de año y medio, serán objeto de presiones insospechadas por parte de organizaciones ciudadanas para que revelen los gastos de campaña y la identidad de los financistas de los precandidatos en las internas y de los candidatos y partidos en los comicios
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Por esas y otras razones son transcendentales dos asuntos para el 2018. El primero es que los electores elijan bien. Con ese propósito deben exigir cuentas, desde ahora, a quienes apoyaron en 2015 para que alcanzaran un escaño en la Asamblea Legislativa. Una de las pocas pero quizás más relevantes ventajas del sistema de las listas abiertas y del “voto cruzado” es, precisamente, la posibilidad de individualizar a los diputados y demandarles un informe sobre el cumplimiento de sus promesas. Vigilar ahora su comportamiento en los temas de pensiones, del tratamiento que le den al problema de las finanzas públicas, de la seguridad pública y del combate a la malversación de los fondos estatales, es una buena idea para premiar, reeligiendo, o castigar, negándole su voto, a cada quien según lo que corresponda.
La segunda cuestión tiene relación con la legitimidad de los ganadores. Un proceso con los vicios administrativos que se presentaron en 2015 sería inaceptable y sembraría la duda en la fidelidad de los datos. Por tanto las decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Órgano Legislativo que afectarán la elección de 2018 deben tomarse lo antes posible.
El aval de un presupuesto que cubra los requerimientos del árbitro electoral, aprobado en tiempo y sin recortes por parte del Ministerio de Hacienda, es la primera condición. Luego es necesario definir, en el corto plazo, la integración de los organismos electorales temporales. En este punto es recomendable que los partidos consulten a la Sala de lo Constitucional la posibilidad de nombrar militantes partidarios en las mesas inhabilitando para esa función a quienes se postulen como candidatos a diputados, alcaldes o concejales, a los que pertenezcan a los organismos de dirección de los partidos y a los que ejerzan cargos de elección popular.
También es indispensable capacitar y certificar a los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), con suficiente anticipación al evento electoral, para que no cometan errores en el conteo de votos y marcas y en el llenado de las actas. Respecto de estas atribuciones es ineludible el uso obligatorio de medios tecnológicos por parte del TSE para facilitar el trabajo de los miembros de las JRV y para realizar el procesamiento y la transmisión de resultados electorales preliminares y el escrutinio definitivo con la exactitud, veracidad y seguridad que sólo la tecnología puede garantizar. Por otra parte se requiere de una intensa campaña de educación cívica que incentive a los jóvenes a obtener su DUI, invite a los ciudadanos a actualizar su domicilio y promueva las distintas formas de votar.
Descuidar la organización eficiente y segura de las próximas elecciones, contar con una deficiente justicia electoral y retrasar aún más el control del dinero en la política, puede arriesgar la gobernabilidad democrática en un contexto donde la competencia electoral presenta diferencias muy estrechas entre el primer y el segundo lugar.
*Columnista de El Diario de Hoy