Las señales esperanzadoras siguen presentándose en El Salvador y alimentando el entusiasmo de los que abogamos por una transformación en las instituciones que conforman el sistema de justicia penal, que garantice su protección de las influencias y manipulaciones políticas y la infiltración de grupos poderosos y delincuenciales. El reciente movimiento masivo de jueces no tiene precedentes. El órgano judicial ha figurado permanentemente en informes foráneos y estudios de opinión que señalan la prevalencia de la corrupción en el país. Algunos incluso han llegado a argumentar que las prácticas acostumbradas por algunos jueces han convertido los tribunales en el talón de Aquiles del proceso penal.
Las recientes investigaciones y procesos iniciados por la Fiscalía en contra de jueces que presuntamente han abusado de su poder, y el traslado de juzgadores, algunos de los cuales tienen abultados expedientes de denuncias, sin duda servirá como advertencia para aquellos que sean tentados para inclinar arbitrariamente la balanza de la justicia en los procesos que se ventilan en sus tribunales, a favor de una de las partes. El efecto disuasivo es inmediato. Los jueces y empleados judiciales percibirán un mayor riesgo de involucrarse en prácticas indebidas y delictuales.
La penetración de la criminalidad en el órgano judicial es innegable y se da a diferentes niveles. Las organizaciones delincuenciales han tocado a empleados de diferente rango, desde jueces hasta personal administrativo. Las acusaciones de la fiscalía incluyen a jueces y hasta a personas como Juana Claribel Moreno, empleada del Juzgado Segundo de Paz de Zacatecoluca, La Paz, que recientemente fue capturada y acusada por supuestamente proveer a las pandillas de información relacionada a la ejecución de allanamientos y órdenes de captura.
Los recientes esfuerzos por purificar el sistema de justicia y seguridad también involucran investigaciones en contra de fiscales, policías y personal penitenciario. En el caso de “la tregua”, por ejemplo, se detuvo y acusó a jefes policiales del nivel ejecutivo y superior, y, además, a funcionarios de la Dirección General de Centros Penales. Aunque este caso no convenció del todo a la ciudadanía, ya que no se capturó y acusó a personas que fueron participantes más visibles durante “la tregua”, en retrospectiva, fue un buen comienzo para dar inicio a la cruzada en contra de funcionarios y empleados públicos corruptos.
El nombramiento de Douglas Meléndez, sin duda, ha marcado un punto de inflexión importante. Bajo su dirección, la Fiscalía ha logrado agarrar la mano de un aparato de seguridad en extremo politizado y forzarlo a realizar acciones eminentemente técnicas. Es necesario reconocer la habilidad y valentía de Meléndez para ejercer su autoridad sobre funcionarios de seguridad renuentes a actuar en casos cuyos detalles han tenido consecuencias negativas para el partido oficial, con el que comparten un alto grado de afinidad y compromiso. Esto, por supuesto, ha expuesto al fiscal a acciones de intimidación como la que recientemente denunció a los medios de comunicación.
Los vientos parecen estar soplando en la dirección correcta. Aprovecharlos es crucial, ya que corremos el riesgo de que dejen de soplar y que la marea nos arrastre nuevamente a las aguas turbulentas de las que apenas estamos empezando a salir. Rescatar la seguridad y justicia de las garras partidarias y criminales no será tarea fácil. La resistencia será cruenta, pero el país necesita aguantarla y superarla para poder salir del hoyo en el que lo han metido los intereses políticos y delincuenciales. Este es el momento para endurecer y apoyar la lucha contra los corruptos.
*Criminólogo
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