Mientras usted lee esto, hay pacientes en el Seguro Social a quienes están mandando de regreso a su casa con las manos vacías por falta de medicinas. Simultáneamente, hay niños sentados en pupitres quebrados y escuelas con más goteras en el techo que docentes. En lo que usted termina de leer esta columna, alguien habrá sido asaltado a mano armada y fuera del parte necesario para reclamar a la aseguradora, la policía no podrá ayudarle en nada -- y entendiblemente -- por escasez de recursos. Para que alcance, dijo el presidente que había que impulsar la austeridad y “apretarse el cincho”.
Mientras tanto, también al mismo tiempo y en el mismo país, un funcionario cuyas labores concretas y específicas son para la gran mayoría desconocidas, se embolsa mensualmente lo que muchas familias en situación de pobreza no logran acumular en un año. Digo, sus labores concretas no las sabemos no porque seamos ciudadanos desentendidos o indiferentes a los quehaceres de la cosa pública, sino porque varios de estos puestos de “confianza” han sido llenados con el método favorito de los profesionales del nepotismo: el dedazo.
A ver, que lo de que los sueldos sean altos para el estándar del país no es malo necesariamente. La justicia radica en dar a cada uno lo suyo, y nada más propio que una remuneración que es equivalente y proporcional a las labores brindadas. De hecho, que el servicio público sea bien remunerado lo vuelve competitivo y atrayente a los talentos más destacados del país, remediando de cierto modo la fuga de cerebros al poner, en muchos casos, preparaciones académicas de primer mundo al servicio del desarrollo del país. Para que estas condiciones se cumplan, idealmente estas plazas de tan atrayente remuneración deberían llenarse luego de un proceso abierto, competitivo y transparente. Idealmente, cuando la plata sale del dinero de los contribuyentes y cuando las labores a remunerar son de servicio público, debería dársele a los mandantes la garantía de que quienes ocupan la posición son los mejores. Y si no lo son, idealmente, debería dársele a la ciudadanía por lo menos la imagen de que se intentó buscar a los mejores. Todo esto, idealmente, porque no hacerlo así tampoco es ilegal.
Pero irónicamente, no queda claro que el valor generado por el Secretario de Transparencia amerite una inversión de $72,000 dólares al año, según lo reportado recientemente. Sobre todo cuando es una institución cuyas labores se describen mejor como cachiporrismo gubernamental profesional y no de transparencia, puesto que hacen poco por apoyar iniciativas ciudadanas de aclarar las finanzas y paradero de fondos de la partida secreta, o de liberar información relacionada a viajes y gastos de la presente y anteriores administraciones. Esta plaza es solo un ejemplo, pues otras preguntas podrían surgir sobre las Secretarías Técnicas de la presidencia, o la del secretario privado.
Por supuesto que al remunerar tanto a sus funcionarios, el gobierno no incurre en ilegalidad alguna. En lo que incurre es en la falta absoluta de vergüenza, al tener al mismo tiempo el escenario en el que a los más vulnerables les faltan los servicios básicos mientras funcionarios de dedazo y con labores cuyo beneficio a la población es poco claro, se embolsan jugosísimos sueldos. Si esto es lo que el presidente entiende como “apretarse el cincho”, el cincho del que nos está hablando tiene elástico.
*Lic. en derecho de ESEN
con maestría en Políticas Públicas
de Georgetown University.
Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg