Se estima que una regulación de responsabilidad fiscal ayudaría a retornar a la disciplina, de tal manera que en el corto plazo se frene el deterioro y a mediano plazo se disminuya la deuda, mejorando así el perfil financiero del país con los consecuentes beneficios para la población. Es en este contexto que la Asamblea Legislativa estudia este tema sobre la base de cuatro expedientes aportados por el Ejecutivo y tres fracciones políticas –ARENA, PCN y FMLN-, los cuales contienen sendas propuestas de proyectos de ley.
Fusades comparte y señala las experiencias de muchas economías y el uso de reglas fiscales cuantitativas, de procedimiento y de transparencia, apropiadamente estructuradas y consignadas en una ley, las cuales podrían fortalecer la estabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo; sin embargo, un aspecto crucial que no debe perderse de vista es que no hay ley que pueda reemplazar el compromiso político con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y de ahí la relevancia de que se logre un amplio acuerdo entre actores políticos y sociales claves, sobre la sostenibilidad fiscal y las reglas que se emplearían en El Salvador. Este acuerdo se consignaría en una ley; la cual, apropiadamente configurada, conlleva importantes retos técnicos y políticos.
Considerando lo anterior, la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal apropiadamente configurada, conforme con las prácticas internacionales, que sea producto de un debate amplio y goce de un consenso extendido entre los actores políticos y sociales, sería indispensable para restablecer la confianza de los actores económicos y con ello la estabilidad macroeconómica a largo plazo. Evidentemente, esto implica la necesidad de dialogar y que los actores políticos relevantes arriben a acuerdos trascendentales.
Entre las oportunidades que se advierten de una regulación en esta materia, según la experiencia de otras economías, se mencionan: Definir un panorama claro de la política fiscal a largo plazo, con lo que se evitaría una crisis de deuda, de las que perjudican a la población por sus elevados costos, especialmente a los más vulnerables. Evitar los excesos de discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas, particularmente la falta de visión del futuro ante grupos de presión o procesos electorales. Proveer de directrices al proceso presupuestario, permitiendo alinear los incentivos a los diferentes actores, ejecutivo, legislativo, etc., aliviando la propensión al déficit. Tomar decisiones presupuestarias para un contexto plurianual.
Una regulación como esta conlleva desafíos técnicos y políticos. Uno relevante es que la ley que se apruebe sea producto de una discusión amplia entre los actores claves: académicos, políticos, gobierno, sindicatos, etc. Con la finalidad de alcanzar consensos básicos sobre la definición de las reglas fiscales esenciales para la conducción de las finanzas públicas a mediano plazo; tanto numéricas, como de procedimiento y de transparencia. De esta manera que una ley como esta pueda contribuir efectivamente a la disciplina fiscal.
El límite de endeudamiento de corto plazo por medio de Lestes debería restringirse. Usarse únicamente cuando se presenten deficiencias temporales de ingresos. Este límite podría situarse en 10 % de los ingresos tributarios netos promedio de los tres años anteriores.
Además, es necesario un ajuste fiscal para disminuir el déficit y revertir la trayectoria alcista de la deuda, acompañado con medidas de gasto, de ingreso y administrativas; en fin, un ajuste integral. ¿De qué magnitud debería ser el ajuste? Según el FMI, el ajuste mínimo al balance primario podría rondar 3 % del PIB.
La sola aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal no garantiza la disciplina y la sostenibilidad de las finanzas públicas, aunque estuviese apropiadamente estructurada. Es necesario el compromiso con la estabilidad y la voluntad política de cumplir la ley y mantener la sanidad fiscal.
*Columnista de El Diario de Hoy
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