El contundente repudio del pueblo venezolano a la constituyente corporativista expresado en la consulta del pasado 16 de julio dejó claro que el régimen venezolano no tiene legitimidad ni legalidad para mantenerse en el poder. La movilización popular ininterrumpida de casi 4 meses muestra un pueblo decidido a recuperar la democracia, pese a los más de 100 muertos y miles de heridos que el Gobierno ha causado para sostenerse en el poder. La popularidad de Maduro no alcanza el 10 % de apoyo, mientras el repudio supera 90 % y el reconocimiento internacional señala que está al margen de la democracia es mayoritario. Una semana antes de la ilegal constituyente Venezuela mantiene un régimen “de facto”, una dictadura solamente sostenida por el uso indebido de la fuerza.
Todo gobierno necesita condiciones mínimas de legalidad y de legitimidad. La legalidad se da por el cumplimiento de las leyes, es la correspondencia de las acciones del gobierno a lo “prescrito por ley y conforme a ella”. La legalidad está expresada en el Estado de Derecho o el conjunto de disposiciones constitucionales y legales que regulan el acceso y el ejercicio del poder, incluyendo los elementos esenciales de la democracia contenidos en la Carta Democrática Interamericana de la OEA, o sea: “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Legítimo significa “cierto, genuino, verdadero”. La legitimidad en ciencia política “enjuicia la capacidad del poder para ser obedecido sin necesidad de la coacción con la amenaza o el uso de la fuerza”. En democracia la legitimidad tiene que ver con el ejercicio de la autoridad política por mandato del soberano que es el pueblo. La legitimidad de origen se da en las elecciones con el “sufragio universal secreto”, mientras que la legitimidad de ejercicio corresponde al nivel de consenso que las acciones del gobernante merecen de los mandantes.
Si revisamos la historia del gobierno de Nicolás Maduro veremos que, desde el punto de vista de la legalidad, es un poder nacido en violación del Estado de Derecho por, entre otras cosas, la maniobra inconstitucional de su habilitación para unas elecciones forzadas por la muerte de Hugo Chávez. La instalación de Maduro como “presidente” fue simplemente una sucesión en el modelo no democrático del socialismo del siglo XXI (SSXXI), manipulada desde el poder, con flagrante intervención externa del régimen cubano, viciado por la violación y ausencia de los elementos democráticos esenciales. Las elecciones de 14 de abril de 2013, con claras señales de fraude electoral contra el candidato Henrique Capriles y el encubrimiento del fraude con el control de todos los órganos del poder público, para beneficiar a Nicolás Maduro, fueron otras señales de ilegalidad a la crisis de legitimidad.
La muerte de Chávez produjo una confrontación política interna del oficialismo venezolano en la que se enfrentaron “chavistas” contra “castristas”: los primeros, a favor de Nicolás Maduro y el auspicio de “La Habana”, y los segundos, liderados por Diosdado Cabello. El efecto más notable de esa disputa fue la inmediata consolidación del liderazgo político castrista en América Latina --con Venezuela convertida casi en una colonia-- como su principal fuente económica.
El modelo castro-chavista o del SSXXI ejercitado también en Ecuador por Correa, en Bolivia con Evo Morales, en Argentina por los Kirchner y en Nicaragua con los Ortega, aunque más avanzado en Venezuela, produjo la profunda crisis económica del país petrolero más rico de la región. Con todo esto, la ya afectada legalidad de Maduro fue sacudida por la ausencia total de legitimidad, agravadas ambas por su reacción sumisa al aplicar la metodología castrista de control de crisis que ha producido el que Venezuela hoy solo quiera la salida de Maduro.
Un elemento esencial de las dictaduras es la “permanencia indefinida en el poder” del mandatario y eso es lo que impide una solución racional y patriótica en Venezuela. Nicolás Maduro está obligado por la transnacional castrista liderada desde La Habana a permanecer en el poder: No puede perderlo; él debe “consolidar la revolución” castro-chavista con careta de socialismo así sea en contra de la voluntad de todos los ciudadanos venezolanos. Para eso han inventado la constituyente, que no tiene ninguna legalidad ni legitimidad. Por eso la dictadura cubana emplea todos sus mecanismos y aliados para sostener a Maduro, incluyendo Rusia, China, Corea del Norte, las FARC desde Colombia, el Petrocaribe, su fuerza en la ONU y el declinante control de la OEA y los gobiernos vasallos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador.
La dictadura en Venezuela sabe que solo la sostiene la fuerza y que se trata de una fuerza decreciente, menguante y debilitada. Está por verse si los hombres de armas de Venezuela son patriotas o traidores, si contribuyen a la recuperación de la democracia en su país o si se lo entregan a un estatuto castrista.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy