En abril pasado, el gobierno de El Salvador a través del ministerio de Economía, solicitó al Consejo de Ministros de Integración Económica, una ampliación del plazo para la entrada en vigor, de las modificaciones referentes a la reducción del parámetro para el contenido de azufre permitido en diésel, que casualmente distribuye la red de gasolineras Alba.
Es decir que, sin importar la enorme contaminación que el diésel con alto contenido de azufre produce, las gasolineras Alba podrán continuar causando toxicidad al medio ambiente y así, a las personas, debido a la gestión que el ministerio de Economía realizó. El plazo adicional para El Salvador vencerá el 27 de abril de 2019.
En países donde se actúa con transparencia y probidad, dicho ministerio sería el menos indicado para realizar estas peticiones, sobre todo porque no podemos olvidar que ahí hay ex directivos y deudores de la empresa Alba. Bien difícil no pensar que con una acción como la realizada en abril pasado, no se quiera favorecer a aquellos que han servido a los funcionarios.
Según reporte enviado por el ministerio de Salud a la Asamblea Legislativa, las infecciones respiratorias agudas siguen representando la primera causa de consulta en nuestro país, algo en que aunque no se tengan las debidas mediciones, es evidente que influye el mal aire que nos toca respirar.
También resulta curioso, por decir lo menos, que el mismo día en que se logró el visto bueno del Consejo para prorrogar el uso del diésel tóxico, dicha resolución fuera publicada en el Diario Oficial, dejando de lado la anterior, que obligaría a que en el país se vendiera diésel con bajo contenido de azufre.
Los miembros de la Asociación de Empresarios Distribuidores en Estaciones de Servicio están claros que este acuerdo solo favorece a la empresa Alba, debido a que importa petróleo desde Venezuela, donde no producen combustible con bajo contenido de azufre.
Está visto que la lealtad del gobierno del FMLN no es hacia sus ciudadanos, hacia los salvadoreños sino hacia el gobierno dictatorial de Venezuela. Su afinidad y ceguera llega al grado de no importarles el daño que pueden provocar, con tal de responder a quienes cada día están más cerca de terminar siendo juzgados por los varios delitos que llevan cometidos.
Este caso en particular resulta mucho más reprochable, porque hablamos de la salud de los salvadoreños, que es deber del Estado defender, sin embargo lo que vemos es completamente contrario.
Nosotros en la Asamblea Legislativa hemos intentado bloquear este tipo de decisiones, pero desafortunadamente nos topamos con esa pared que es la resistencia de los diputados del partido en el gobierno, a quienes su suman algunos otros y no nos permiten avanzar.
Los salvadoreños deben tener claro que actualmente los diputados del FMLN tienen como estrategia conseguir votos a cómo dé lugar, para pasar leyes o propuestas que muchas veces van contra el bienestar de la población. La relacionada a la emisión de gases tóxicos en las calles es una de ellas.
A los salvadoreños nos urgen cambios en la manera de hacer las cosas. Tenemos que asegurarnos de que quienes se encuentren tomando decisiones importantes por nosotros, lo hagan respetando las leyes, poniendo como prioridad la vida y apegados a la Constitución de la República, que regula nuestra vida en sociedad.
*Diputada