El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rodolfo González, recordó que, si el presidente de la República Salvador Sánchez Cerén llegara a tomar medidas Ejecutivas sobre las pensiones, el máximo tribunal podría emitir medidas de control para dar cumplimiento a su resolución.
“Hay que tener claro que cualquier medida o decisión del Presidente está sujeta a la Sala de lo Constitucional, estamos dando el seguimiento necesario para ver si se están cumpliendo todas las sentencias”, afirmó González ayer, en una entrevista televisiva.
El miembro de la Sala también lamentó la actitud confrontativa de Sánchez Cerén en su discurso de cadena nacional de la semana pasada y recordó que históricamente los sectores menos representados en el régimen de gobierno son los que acuden a la Sala.
“Ojalá el Presidente tenga la capacidad para alejar las cabezas calenturientas, en un estado de derecho hay un régimen de control, es el modelo democrático-republicano el que se está practicando”, añadió González.
Sobre la inconstitucionalidad del presupuesto 2017, el magistrado dijo que la Sala ha establecido parámetros que se deben de implementar en el del próximo año y reveló que, por ejemplo, en Casa Presidencial las plazas subieron de 700 a 3,000, algo que genera un incremento de $25 millones.
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“Si se hacen cosas descabelladas todavía estamos en un régimen republicano donde frenos y contrapesos todavía funcionan”, enfatizó González.
A consideración del magistrado el gobierno no quiere asumir su responsabilidad en el tema de pensiones y por eso está tomando “atajos” para evadir la responsabilidad que tiene en el pago de las pensiones.
“El tribunal no ha dicho ni se infiere en su sentencia que lo que esta buscando es evitar que se paguen las pensiones, el presidente tiene que hacer los ajustes necesarios para garantizar que las pensiones sean efectivas”, recordó González.
El pasado 26 de julio la Sala dejó sin efecto una reforma que obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a aumentar de 45 % a 50 % el margen de los ahorros de los trabajadores que pasa a un fideicomiso administrado por el Estado, a través del cual el Gobierno paga pensiones del sector público.
El magistrado dijo que están revisando demandas sobre trasfuguismo y Ley de Partidos. Además confirmó que hay otra sobre el bimonetarismo.