De modo lamentable, el Presidente arremetió contra la Sala de lo Constitucional en forma indebida y poco honesta, echándole la culpa de que por ella el Gobierno no le va a poder pagar a los pensionados, amenazando y confrontando en una cadena nacional de dos minutos con la cual no resuelve los problemas que se tienen que resolver.
Lo que hizo la Sala fue emitir una resolución de seguimiento a lo que había resuelto hace tres años, cuando prohibió que se usara más del 45 % lo que las AFP pueden prestar del Fondo de Pensiones al Gobierno. La Sala en ese entonces también dijo que la tasa de interés que se paga por el dinero prestado al Gobierno tenía que subirse a valor de mercado, de la misma manera que el Gobierno les paga a los inversionistas internacionales.
A la fecha, el Gobierno no ha respetado los dos parámetros que impuso la sentencia, queriendo con la última reforma acceder nuevamente al ahorro de pensiones sin consultarle a los pensionados y trabajadores, tomando por decreto US$500 millones adicionales. La bancada legislativa del FMLN en contubernio con GANA, subieron el techo 5 puntos. La Sala inmediatamente ha reaccionado dando seguimiento a la sentencia de hace tres años y le instruye al Ejecutivo que eso no es posible y declara inconstitucional ese 5 % adicional, a lo que se sumó la sentencia que expulsa del mundo jurídico el Presupuesto General 2017, haciendo llover sobre mojado.
Los magistrados que suscribieron el fallo que recayó sobre el presupuesto se basaron en que no se incluyeron gastos previsibles e ineludibles, como el pago de la deuda al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y al Instituto de Previsional de la Fuerza Armada (IPSFA), entre otros rubros distorsionados. Además de los problemas de liquidez en el presupuesto para cumplir con compromisos y obligaciones previamente establecidas, en ese mal presupuesto se consignaron cantidad de US$1,000.00 para honrar esos compromisos.
En Capres, alguien debe explicarle al señor Presidente que, como mandatario, debe dar ejemplo de acatar los fallos de la Sala (235 Cn.) y recordarle que cuando era candidato a Presidente manifestó públicamente: “…yo voy a garantizar que esa Constitución se cumpla, por eso es que nosotros somos respetuosos de las resoluciones de la Sala porque es la que interpreta la Constitución y en último momento es la que da los fallos…”.
Con amnesia hoy arremete haciendo un llamado al pueblo salvadoreño a estar alerta, manteniéndose debidamente informado y respaldando las medidas que va a adoptar para salvaguardar los intereses del país.
La Sala de lo Constitucional ha corregido la plana al Ejecutivo, ubicándolo bajo el imperio de la Constitución, pero lamentablemente el Presidente califica la sentencia de tener carácter político, comandada por ARENA. Reparte culpas, en vez de resolver.
Seguro estoy de que los asesores del Presidente saben bien que estos intentos de maniobras oscuras ensayados en la Asamblea, al margen de la Constitución, más temprano que tarde serán declarados inconstitucionales. Saben cuál es el criterio de la Sala y a sabiendas que esos decretos no van a pasar, de todas maneras se avientan, estrellando el prestigio y el exiguo capital político del presidente contra el muro de la Carta Magna. Y la solución que le recomiendan después del porrazo: culpar a terceros.
La realidad se impone y evidencia ante la gente que no es la Sala la que trata de perjudicar a los pensionados. Se da cuenta de que ya van muchos años en que la voluntad y el diálogo constructivo han sido sustituidos por una simple aritmética legislativa de trueque de conveniencias para imponer políticas que han provocado incertidumbre jurídica.
*Columnista de El Diario de Hoy
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