Anteayer la Sala de lo Constitucional dejó sin efecto la reforma a la Ley del Sistema de Ahorros para pensiones que aprobaron la semana pasada el FMLN y GANA. Esta reforma permitía al gobierno tomar hasta el 50 % de los ahorros de los trabajadores para pagar las pensiones del ahora extinto sistema de reparto que cesó de funcionar en 1997. Esta reforma contravenía directamente la sentencia que la Sala emitió en diciembre de 2014, en la que estableció como máximo el 45 % que existía hasta entonces para no limitar excesivamente el margen de inversión que las AFP pueden realizar en beneficio de los trabajadores. El gobierno reaccionó con furia y con veladas amenazas de hacer cosas que no especificó pero que sonaban traumáticas para pagar las pensiones que adeuda.
El gobierno se ha pintado como víctima de la Sala de lo Constitucional, diciendo que és-ta no quiere dejarlo gobernar, que sigue una agenda escondida de ARENA, que se excede en sus facultades, y alegando como prueba que la Sala ha emitido muchas sentencias en contra del gobierno en éste y otros temas. El gobierno no reconoce, ni quiere reconocer, que este no es ningún argumento, como no lo es el del delincuente que se queja de que la policía tiene algo en contra de él porque cada vez que quiere delinquir lo detiene.
La manera en la que el gobierno puede evitar que la Sala lo detenga es muy simple: sólo tiene que gobernar de acuerdo con la Constitución. No tendrá problemas si toma los caminos de la ley.
El problema es que el FMLN no quiere hacer esto sino gobernar arbitrariamente, como se gobierna en Cuba y en Venezuela. Ha puesto el ojo en los ahorros (cerca de 10 mil millones de dólares) que los trabajadores acumulan para luego financiar los pagos de sus pensiones, y los quiere. Su expropiación le permitiría gastar a manos llenas de aquí a las elecciones sin tener que manejarse con prudencia. De esta manera, los trabajadores salvadoreños financiarían las campañas electorales del FMLN. Al gobierno le parece escandaloso que la Sala defienda los derechos de los trabajadores.
Las amenazas del gobierno sólo añaden un detalle a lo que ha estado tratando de hacer por mucho tiempo para apropiarse de los ahorros de los trabajadores con el fin último de apropiarse del poder total en el país, y para siempre. En esta vena, el gobierno ha tratado muchas veces de confiscar al menos la mitad de estos ahorros, fracasando muchas veces, la última el martes pasado. Paralelamente, ha seguido una estrategia de ir logrando que los fondos de pensiones le presten más y más dinero, pagándoles tasas de interés mucho más bajas que las que les paga a otros acreedores. Esta estrategia paralela, que se podría llamar la del salami, es la que la Sala detuvo en diciembre de 2014 y volvió a detener ayer. Esto provocó las quejas del gobierno y las poses de estar luchando por pagar las pensiones.
La hipocresía profunda del gobierno se evidencia en el hecho que se pinta a sí mismo como un defensor del pago de las pensiones de los trabajadores cuando, al mismo tiempo, les está reduciendo las pensiones que pueden recibir al rebajarles las tasas de interés que les pagan, y está tratando de confiscarles el dinero que los trabajadores mismos han ahorrado para retirarse.
Pero los esfuerzos del gobierno para perpetuarse en el poder, no se detienen en la apropiación de fondos de los trabajadores. Por varios años ha tratado de echar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de quitarle el poder a la Sala misma, de ahogar al Tribunal Supremo Electoral por falta de fondos para quitarle transparencia a las elecciones, y, en estos días, han empezado a hablar de cambiar la Constitución.
Si todavía queda algún norteado que no se ha dado cuenta de que nos llevan por la misma ruta que Venezuela, ya es tiempo de que se entere y que mida las consecuencias de lo que está pasando. Distraídos en el chambre diario, en el último tuit, en el video viral, los salvadoreños no se están dando cuenta de que vamos hacia la esclavitud.
*Máster en Economía
Northwestern University.
Columnista de El Diario de Hoy.