El anuncio de Roberto Rivera Ocampo, distinguido miembro de la organización Acción Ciudadana, acerca de su interés por competir como candidato independiente para obtener una diputación por el departamento de La Libertad, nos obliga a reflexionar sobre esta otra vía que la legislación establece para acceder a la Asamblea Legislativa.
No cabe duda de que su campaña excluirá el populismo, el clientelismo político y las ofertas inmediatistas que prometen resolver los problemas de la gente en el corto plazo. Ciertamente no será una campaña presidencial, pero tratándose de alguien que no estará sujeto a partido alguno, tendrá que presentar un programa legislativo con las propuestas de ley que, a su juicio, contribuirán a mejorar la vida de los salvadoreños y la “salud democrática” del Estado.
Una vez cumplidos los requisitos para su inscripción como aspirante a legislador, deberá lidiar con varios obstáculos. Los candidatos independientes no reciben dinero público para financiar sus campañas; el empeño por trasladar su mensaje y dar a conocer su proyecto se multiplica por diez respecto de los partidos porque debe hacer proselitismo en todo el departamento donde competirá; no cuentan con vigilantes en las Juntas Receptoras de Votos y además la posición en la papeleta, aspecto simbólico pero trascendental en política, podría ponerlo en desventaja porque se ubicará por debajo de los partidos políticos.
Una candidatura como la de Roberto entusiasma. Estudió en una de las mejores universidades de Francia, ha trabajo como consultor en destacados organismos internacionales, su trabajo en Acción Ciudadana es prueba suficiente de su compromiso con la democracia, habla tres idiomas, y su personalidad, sosegada e imperturbable, pero no por ello escasa de carácter y de una sólida convicción acerca de la necesidad de participar y defender la institucionalidad, le otorgan la solvencia necesaria para disputar un cargo de elección popular.
Por opciones como la de este posible candidato es necesario revisar las deficiencias señaladas que mantiene el Decreto Legislativo mediante el cual se aprobaron las “Disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en las elecciones legislativas”. La Sala de lo Constitucional corrigió algunas de las desventajas que contenía el decreto original y que exigían la presentación de una cantidad de firmas que muy difícilmente podían obtener los que tuvieran la idea de correr por una curul de manera independiente además del cortísimo tiempo con el que contaban para esta faena.
Ahora toca reflexionar, como ya se indicó, acerca del financiamiento de los no partidarios, de los celadores que deben cuidar los votos que aquellos reciban y del inconveniente que podría significar el lugar que ocupen en la papeleta. También es necesario discutir, con prudencia, sin exabruptos y teniendo en cuenta la experiencia de otros sistemas, acerca del tamaño de las circunscripciones electorales en El Salvador. No es lo mismo desarrollar una campaña en los 22 municipios que integran el departamento de La Libertad que hacerlo en uno, dos o tres de éstos que constituyeran un distrito electoral. Este último sistema, el de los distritos electorales, reduce el esfuerzo humano y la cantidad de dinero a invertir.
El empecinamiento acerca de la relevancia de los partidos políticos para la sanidad y el buen funcionamiento del sistema democrático ha sido recurrente en este espacio de opinión. Se ha insistido en los riesgos que representa alcanzar una situación similar a la ocurrida en Suramérica, en donde la crítica mordaz y la falta de propuestas derivaron en el agotamiento de las organizaciones partidarias, en la fragmentación de los congresos y en la incursión de “personajes” que, durante sus mandatos, anularon a las instituciones, concentraron el poder y están dificultando la celebración de elecciones. Por eso la invitación reiterada a que los institutos políticos adopten nuevas conductas que les permitan conservar el apoyo popular.
Sin embargo, alternativas no partidarias como la del ciudadano Ocampo permiten afirmar que no todos los casos son similares. Legisladores de este talante seguramente respaldarían proyectos de cualquier signo ideológico siempre y cuando estuvieran orientados a robustecer el sistema democrático, republicano y representativo, a reactivar la economía, a generar empleo y a implementar políticas públicas serias para el progreso social. Felicidades, Roberto; que la gesta que abanderas simbolice el patriotismo ciudadano por un mejor país.
*Columnista de El Diario de Hoy