Unos $537 millones le faltarían al Estado salvadoreño para cubrir las necesidades financieras del sector público durante 2017, estima la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
En su análisis económico denominado “Escenarios de necesidades de financiamiento del sector público de 2017”, la entidad plantea que para financiar gastos sin cambios en la planificación, el gobierno necesita un total aproximado de entre $2,516.1 millones y $2,601.8 millones, equivalentes al 9 % del Producto Interno Bruto (PIB); no obstante, solo tiene disponibles alrededor de $1,978 millones.
Así la brecha financiera no cubierta sería de $537 millones, dice Fusades, pero podría reducirse en un 59%, hasta los $219 millones, si se aprobara la reforma de pensiones propuesta por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), y además se realizara un ajuste fiscal de 1% del PIB.
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José Andrés Oliva, del Departamento de Estudios Económicos de Fusades, dijo que las finanzas públicas se encuentran en un momento de iliquidez porque el déficit fiscal, las amortizaciones y el pago de Letras del Tesoro (Letes), que superan los mil millones de dólares, representan el 40% de las necesidades de financiamiento, también superan las fuentes de financiamiento.
Al dejar sin efecto el cambio del techo de inversión que el fondo de ahorro de los trabajadores puede prestarle al Estado a través de Certificados de Inversión Previsional (CIP), “el gobierno tendrá que buscar otra fuente de financiamiento para completar el pago de las pensiones del antiguo sistema”, recordó el economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Carlos Pérez.
“Sin duda, aprobar ya una reforma previsional, sea la propuesta del gobierno o la de ICP, aliviaría en alguna medida el déficit de caja (... porque) ninguna otra medida de política (salvo una reforma fiscal que incluya ingresos y gasto) resolvería el problema de liquidez”, puntualizó Pérez.
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Según los cálculos de Oliva, si bien las reformas hechas al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó sin efecto la tarde de este miércoles, bajaban a $320 millones la brecha financiera no cubierta, este alivio hubiese sido temporal, pues las pensiones no son el único factor que mantiene las finanzas públicas en aprietos.
“No hay una sola medida en materia fiscal que por sí sola remedie en conjunto la problemática, no es posible encontrar finanzas públicas sostenibles, sin un enfoque integral”, aseguró el representante.
El documento de Fusades insiste en la necesidad imprescindible de cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal y hacer una modificación del Presupuesto General de la Nación para facilitar, además, el establecimiento de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que el sector público pueda alcanzar financiamiento en mejores condiciones.