Alrededor de 25 organizaciones cívicas exigieron ayer a la Asamblea Legislativa que nombren a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) con base a la idoneidad de los aspirantes y no por cuotas partidarias.
Bajo el lema #EScorrupción, los miembros de los distintos conglomerados también llamaron al legislativo a que no aprueben leyes ni elijan a funcionarios de segundo grado a partir de “negociaciones oscuras” ni “combos legislativos”.
“Denunciamos que, como resultado de negociaciones oscuras, de forma inconsulta, sin debate, sin fundamentos y en contra de los intereses de la ciudadanía, los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa del Salvador aprobaron el pasado martes 18 de julio una serie de decisiones que responden a intereses particulares y partidistas y que, si no se revierten, tendrán repercusiones nefastas en la lucha contra la corrupción”, señaló Claudia Umaña Araujo, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia.
Las organizaciones también dijeron confiar en que Salvador Sánchez Cerén vetará los decretos aprobados por la Asamblea la semana pasada, que contienen reformas a ley de extinción de dominio, al sistema de pensiones y para que diputados y alcaldes tránsfugas no puedan participar en las elecciones de 2018, pese a que el mandatario ya anunció que les da el visto bueno y que firmará para sancionarlas.
Los miembros de la sociedad civil dijeron que la CCR es una institución clave para la democracia, y que elegir a las personas equivocadas sería una dura estocada al combate de la corrupción.
“Este martes 25 de julio (hoy) la Asamblea nuevamente celebrará una plenaria y tiene por delante una decisión de suma importancia: elegir magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR). A pesar que la corte tiene una importante función de controlar el buen uso de los fondos públicos, lamentablemente se ha caracterizado por ser una institución ineficaz y altamente politizada, y tal parece que la clase política busca mantener el estatus quo”, agregó Umaña.
Por su parte, Federico Hernández Aguilar, de la organización DECIDE, señaló que la aprobación de la semana pasada se trata de un combo “donde la soda, las papas y la hamburguesa están podridas”.
Hernández hizo énfasis en un nuevo paquete de reformas al sistema de pensiones que el Ejecutivo, junto con el FMLN, están buscando aprobar. “Todo el que participe en ese chanchullo puede ser perseguido de por vida”, acotó.
Para Roberto Ocampo, de la organización Acción Ciudadana, el consorcio #EScorrupción busca hacer conciencia en la ciudadanía que debe terminar esa “forma conservadora y tradicional de hacer política, en la cual las negociaciones oscura se han vuelto parte de una dinámica legislativa y que hace que las instituciones de control, hoy por hoy, no tengan dientes no tengan dientes para atacar la corrupción”.
Paul Steiner, de la organización Democracia Limpia, dijo por su parte que #EScorrupción pretende la unión de las asociaciones cívicas para luchar contra la corrupción. “Tenemos que estar vigilantes del combo que se quiere aprobar mañana (hoy)”, dijo.