Miriam Gómez, es una agente que tiene 20 años de experiencia policial. Ella sufre de discapacidad física desde hace varios años por lo que ha luchado incansablemente porque le paguen una indemnización de más de 22 mil dólares debido a que el impedimento físico lo adquirió dentro del servicio policial, según lo denuncia.
Dentro de sus gestiones por lograr que le cancelen su indemnización por discapacidad ha pedido al Fiscal General Douglas Meléndez que le sea agilizada la denuncia por el delito de estafa que ella presentó en enero del año pasado contra el ministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde.
Esta denuncia fue presentada contra el funcionario porque según la denunciante, él como director de la Policía suscribió contratos con compañías aseguradoras, en los cuales considera que existen irregularidades que no permiten el pago de las indemnizaciones a los policías con discapacidad.
A inicios de la última semana se gestionó entrevista con el ministro Ramírez Landaverde ante la Unidad de Comunicaciones del Ministerio, pero no se obtuvo respuesta favorable.
A pesar de que la demanda la interpuso en enero del 2016, hasta la fecha aún no ve ningún avance en las investigaciones fiscales, se quejó Gómez.
Además cuestiona que los fiscales asignados al caso no le proporcionen ningún tipo de información con respecto a su denuncia.
La agente Gómez, quien ahora se desempeña en labores administrativas de la Policía por su discapacidad, asegura que las autoridades policiales se han negado a gestionar ante las aseguradoras correspondientes que le cancelen su indemnización que le corresponden por los dos seguros de vida; uno de los cuales lo pagaba por ser opcional, según su denuncia.
"Yo tengo derecho a una indemnización por los dos seguros por discapacidad y por la pérdida de miembros internos”, dijo la agente policial.
Agregó que “yo me enfermé dentro de la PNC, yo entré sana, pero a raíz de la presión laboral y la violación de ese señor jefe policial, yo adquirí esa discapacidad”, dijo Gómez.
Relató que la supuesta violación sexual de parte de un jefe policial y los constantes maltratos de otros jefes de la corporación le provocaron que ella terminara discapacitada.
Ella denunció al jefe policial en las instancias disciplinarias, pero Gómez aseguró que su caso lo archivaron porque no creyeron en su versión.
“Me enfermé dentro de la Policía. Necesito que la institución me resarza los daños ocasionados en la institución policial”, dijo la agente Gómez.
Agregó que ella tiene derecho a ser indemnizada por los dos seguros, tanto por el seguro opcional y por el seguro básico a raíz de la incapacidad y por la pérdida de órganos internos.
Aseguró que ingresó a la Policía en 1997 con buena salud física y mental, de lo contrario no habría sido admitida. En el año 2003 comenzó a sufrir acosos y ataques físicos de parte de siete jefes policiales con rango de comisionados en las distintas áreas operativas en las que había sido asignada.
A raíz de esos ataques y acosos, según la denunciante, sufrió la discapacidad denominada trastorno de personalidad mixta, la cual le fue acreditada el 25 de abril del 2012 con un menoscabo del 20 por ciento de salud mental.
La discapacidad le fue acreditada por el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI). En el 2014, ella solicitó al entonces director de la Policía Mauricio Ramírez Landaverde que le fuera entregada la indemnización por discapacidad que le correspondía por haber pagado el seguro de vida opcional. No obstante, nunca obtuvo una respuesta favorable, según la denunciante.
Además, Gómez, quien ahora trabaja en el área administrativa de la Policía, también responzabilizó a cuatro jefes policiales de haberle violentado sus derechos constitucionales por su condición.
La agente Gómez aseguró que la han amenazado de que la van a destituir a través de un proceso disciplinario que según ella está viciado, y todo por “reclamar mis derechos ciudadanos y por ser parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
A raíz de lo que ella considera un acoso laboral por parte de las autoridades policiales es que ha tenido una crisis nerviosa que la obligó a hospitalizarse en las últimas semanas y a incapacitarse por más de 15 días.
También gestionó ante la División de Benestar Policial el pago del beneficio económico.
Sin embargo, la jefa de la referida División le respondió que no tenía potestad legal para acompañarla legalmente ni otorgarle poder para ejercer sus pretensiones.
“Ella (jefa de División de Bienestar Policial) me está respondiendo que al que yo tengo que demandar es al señor Ramírez Landaverde, porque era él quien estaba en funciones y él había comprado la póliza del seguro cuando yo pedí el reclamo. Entonces, lo demande a él por estafa”, dijo Gómez.
Pide en su denuncia ante la Fiscalía que se investigue el por qué no le han pagado su indemnización y además que se ordene a las autoridades policiales y a las aseguradoras responsables de cancelarle su indemnización.
“Ya que a raíz de mi denuncia muchos miembros policiales tendrán justicia y así podremos tener un poco de esperanza para reanudar con motivación nuestro trabajo de seguridad pública”, dice la denunciante.
Asegura que también acudió a la Superintendencia Financiera, la Corte de Cuentas, la Defensoría del Consumidor, y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
A pesar de que su caso ha sido documentado con las pruebas necesarias, en ninguna de las referidas instituciones le han resuelto a su favor, se quejó.
Ante el reclamo de la agente Gómez, algunas de las compañías aseguradoras respondieron a las autoridades policiales que la extirpación de útero -a la que fue sometida- no origina una incapacidad permanente, que le inhiba continuar desempeñando su actividad laboral.
Se entiende como “incapacidad permanente el hecho de que el asegurado quede permanentemente incapacitado para ejecutar cualquier actividad que le pueda derivar u obtener remuneración o beneficio pecuniario”, señala una de las aseguradoras.
La extirpación de Gómez, según la aseguradora, “solo afecta la capacidad de tener hijos y no es catalogada como incapacidad permanente”.
Otra de las compañías también le denegó la petición del pago de la indemnización porque consideró que el diagnóstico de trastorno de personalidad tipo mixto, no se adecua a los beneficios detallados en el contrato, por lo que lamentablemente el reclamo presentado no es procedente”.
No obstante, ella dice sentirse engañada de las aseguradoras por considerar que la “han discriminado, engañado, y han omitido darle el servicio por sus cláusulas abusivas contrarias a mi humanidad, por cada año de engaño (como cliente)”.
Asegura que esas acciones le han causado “inestabilidad moral, psicológica y le han afectado aún más la discapacidad adquirida agravando mi condición psicológica”.
Relató que su discapacidad se le agravó aún más a partir del 2011 a raíz de las secuelas generadas por el medicamento que le suministraron por el problema psíquico, detectándole un fibroma que al final le provocó la pérdida del útero.
Asegura que el ocho de julio del 2015 gestionó ante la aseguradora el pago de la indemnización por la pérdida de órgano y tampoco tuvo respuesta.
Denuncia más casos
Gómez asegura que hay 918 policías con algún tipo de discapacidad adquirida durante el desempeño de sus labores.
Ella supone que la mayoría de éstos policías no han recibido su indemnización porque el seguro no paga si la discapacidad es menos del 60 por ciento.
Reclamó que en las pólizas, de las cuales no les entregan copias a los agentes, exista una cláusula que ella la calificó de “abusiva”. “En un item de las diferentes pólizas, a través de los años, nos han engañado pues una de las exclusiones es ser parte de la Policía Nacional Civil o militar, naval o seguridad particular”.
Agregó que “nos cobran del salario y sin nuestra autorización aumentan el costo y pago sin reparos de que la estafa ha progresado, no dando ningún beneficio a los que lo pagamos adicionalmente”.
“Los seguros de vida no los están pagando. Los territorios no se han perdido, simple y sencillamente, el policía solo se limita a observar por el mismo hecho de la irregularidad de prevención social dentro de la policía”, dijo Gómez, quien agregó que “no nos están pagando el seguro de vida, entonces los compañeros no se están arriesgando a involucrarse más en los eventos”.