Persecución de por vida y cárcel es lo que podrían acarrearse los funcionarios públicos que apoyen un sistema de pensiones mixto que implique la confiscación de los ahorros de los trabajadores salvadoreños, insistió este viernes el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), Federico Hernández.
“Una persona que sea cómplice de un proceso que confisque los ahorros de los trabajadores está sujeta a devolver el dinero y el doble. ¿Quién va a devolver esos $5,000 millones?”, cuestionó el representante del sector privado.
Según Hernández, si bien la última reforma aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa en la que amplían el monto del dinero que el fondo de pensiones puede prestarle al Estado, a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), también puede tener consecuencias penales, éstas “no son tan claras como en el sistema mixto”.
“Lo que yo digo es que con los sistemas mixtos tienen que tener mucho cuidado porque la confiscación no prescribe. Los que apoyan reformas de esa naturaleza podrían terminar en la cárcel. Yo les diría que lo pensaran bien porque hay suficiente espacio en el sector nueve de Mariona (penal)”, subrayó Hernández.
Pero el representante de la Cámara de Comercio no es el único que ha reprochado la medida.
El empresario y ex presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán, consideró esta misma semana que en lugar de tomar medidas de austeridad el Ejecutivo “anda viendo de dónde rasca más dinero”.
“Ha sido irresponsabilidad del Gobierno actual y del Gobierno anterior no incluir esa deuda en el presupuesto de la nación, por eso andan buscando cómo cubrir esa deuda”, sostuvo Simán en una entrevista televisiva.
El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, incluso calificó la acción como “ una manera de meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores”.
La reforma
El martes de esta semana, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una reforma en la que el techo para emitir CIP pasara de 45% al 50% del total de ahorros de los cotizantes de las AFP. Así, serían al menos unos $500 millones extra que el Gobierno podrá tomar prestado de los ahorros de pensiones. Cabe mencionar que estos préstamos recibirán un máximo de 3.5 % de interés.
La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) reiteró que esto se traducirá en pensiones más bajas para los salvadoreños a la hora de jubilarse.
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, aún no ha aprobado, rechazado u observado la medida.