Aunque el Gobierno ya pagó los $47.4 millones de deuda de pensiones que debía a los cotizantes a inicio de mes, la calificadora de riesgo estadounidense, Standard and Poor’s, aseguró ayer que mantendrá al país en la lista negra de deudores hasta que no asegure el pago de las próximas cuotas que debe hacer en octubre.
Para la agencia tampoco sirve de mucho que los diputados hayan reformado la ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), con el que establecieron un nuevo plazo de pago para la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP), y un periodo de gracia para el capital de la deuda previsional.
“Consideramos que las modificaciones a los términos de los CIP aprobadas anteriormente aún podrían traducirse en un canje de deuda o reestructura similar que clasificaríamos como asimilable a incumplimiento”, señaló.
“Hasta que un proyecto de ley o una modificación legal equivalente especifique claramente que el aumento de los plazos de vencimiento y el periodo de gracia de los pagos de capital solo aplica a las nuevas emisiones de CIP, la calificación estaría topada a su nivel actual”, indicó la agencia en un comunicado oficial.
Además, el peligro de caer en impago sigue latente: la agencia recordó que en octubre vence otro paquete de CIP de $91 millones, pero las condiciones políticas podrían complicar este pago otra vez.
“Los próximos pagos de CIP que vencen en octubre aún necesitan la asignación de recursos, lo que podría verse afectado por la actual polarización política”, detalló la calificadora.
Esa misma polarización política afectaría otros compromisos financieros.
“Con un entorno político incierto y ante las elecciones legislativas de marzo de 2018, el Congreso aún tiene que llegar a un acuerdo en las discusiones sobre la reforma de pensiones, asimismo aún no se cuenta con una solución para el financiamiento de corto plazo”, recordó.
Por estas razones la agencia mantendrá al país con una calificación de “CC” que le dio el 5 de mayo, un mes después de que lo declarara en “Default selectivo”, la categoría más baja en la que puede caer un país tras no pagar su deuda a tiempo.
Esta calificación le ha traído graves repercusiones económicas al país, pues desde esa fecha se ha visto imposibilitado de acceder a los mercados crediticios internacionales pues los créditos que quiera conseguir le significarían una tasa de interés muy alta.
Las otras calificadoras de riesgo, Fitch Ratings y Moody’s también mantienen al país en las calificaciones crediticias más bajas de toda America Latina, estando El Salvador al mismo nivel que la confianza de pago de deuda de Venezuela. Esto pone a El Salvador en nivel de desconfianza ante inversionistas extranjeros y le dificulta obtener más préstamos con bajos intereses.
Esfuerzo para conseguir dinero
Los $47.4 millones que el Gobierno obtuvo para pagar su deuda de julio fueron conseguidos con la modificación de partidas presupuestarias de otras instituciones.
Primero obtuvo $33 millones que le quitaron a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).
El resto ($14.4 millones) los obtuvo a través de otra reasignación de $28 millones que provenía de una dación en pago de la Fiscalía General de la República.
Los próximos $91 millones que aún faltan por pagar no tienen fuente de financiamiento, por lo que el Gobierno tendrá que hacer nuevos ajustes presupuestarios u otros cambios para garantizar el pago de este compromiso, que es ineludible. Ya, meses atrás, el Gobierno intentó pagar la deuda de sus acreedores (los cotizantes de las AFP) con dinero de su propia cuenta de ahorros (de ellos), pero la medida fue detenida por la Sala de lo Constitucional quien ha aceptado revisar una demanda para verificar su legalidad.