El 27 de abril recién pasado se cumplieron 10 años de vigencia de una Ley de Ética Gubernamental en el país, período en el cual el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) instituido por ésta no ha tenido un tan solo caso ejemplarizante en su función de sancionar la corrupción. Desde entonces el TEG ha mostrado poca efectividad en cuanto a la imposición de sanciones por infracciones a la ley, concentrándose en la capacitación en ética pública a los servidores públicos.
Desde el inicio de sus funciones, llamó la atención que el TEG destinara recursos presupuestarios importantes a la contratación de campos pagados de página completa, indicándoles a los servidores públicos que la Ley de Ética Gubernamental prohibía “solicitar o aceptar, directamente o por interpósita persona, dádivas, regalos, pagos honorarios o cualquier tipo de regalías, por acciones relacionadas con las funciones del cargo público”; y que además, no era ético “utilizar de forma indebida los bienes y patrimonio del Estado”. Y se esmeró en no permitir la celebración de fiestas navideñas en el sector público.
Si bien, la ética es igual a trabajo bien hecho, realizado con óptimas habilidades técnicas (aptitudes) acompañadas de valores morales (actitudes), el TEG mejor debió desarrollar su práctica a instaurar medidas efectivas en temas trascendentales que fortalecen la ética gubernamental, como son: transparencia judicial, eficiencia estatal, acceso a información, rendición de cuentas, transparencia municipal, uso de vehículos nacionales, etc. Las medidas del Tribunal debieron fortalecer la gestión pública.
Recientemente Fusades publicó en su Informe de Coyuntura Legal e Institucional la recomendación de fortalecer el Tribunal de Ética Gubernamental, ya que en diez años de funcionamiento ha tenido poca efectividad en la sanción de conductas contrarias a la ética pública.
Como respuesta a las críticas, el TEG publicó un “informe de trabajo” en junio de 2016, en el que dio a conocer que ha sancionado con multa y amonestación escrita a 133 personas, resaltando a 20 de ellas. Lo que no resaltó el Tribunal es que ese es el número total en 10 años de funcionamiento.
También indicó en su “informe de trabajo” que, “además de los ya sancionados, tiene en trámite muchos otros casos contra servidores públicos”, sin señalar el número de los que están en jabón, limitándose a señalar que los más destacados son 13 personas en diversos cargos.
En la misma semana, se dio a conocer que el TEG había abierto un expediente de oficio para investigar los gastos excesivos en comida y bebida en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), un escándalo en los medios y redes sociales, y recientemente sancionó al ex-Director de la PNC con $727.20.
Una de las funciones del TEG es la capacitación en materia de ética pública y en ocasiones ha sido el énfasis de su gestión. Un logro importante del TEG en materia de divulgación de la ética pública se debe al accionar de las comisiones de ética creadas en las distintas entidades públicas. Sin embargo, al analizar el documento sobre remuneraciones publicado por el TEG se observa que, aparte de los miembros del Pleno, 53 personas laboran en la institución. De estos, 27 tienen funciones administrativas, incluyendo a 5 motoristas; y 22 tienen funciones jurisdiccionales y solo 4 tienen función de promoción o capacitación.
La otra función clave del TEG es la detección y sanción de conductas contrarias a la ética pública, a través del procedimiento sancionatorio de la Ley. El reporte dice que en su historia, el TEG ha promovido 1,864 casos. De esos, el 67.9 % ha terminado anormalmente y solo el 13.1 % ha terminado en resolución final, de las cuales no todas conllevan sanciones.
*Columnista de El Diario de Hoy
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