La pobreza es un término para describir la capacidad adquisitiva que posee un individuo, una familia o una colectividad. Ser pobre, desde la perspectiva económica, no es un término peyorativo, sino uno descriptivo, ya que se limita a reflejar una determinada capacidad para poder adquirir bienes o servicios comprendidos dentro de la “canasta básica”, es decir, el espectro de los bienes y servicios mínimos que una persona debería de estar en posibilidad de consumir, para poder cubrir lo que se consideran -de acuerdo a estándares internacionales- como las más básicas necesidades de alimentación, higiene, acceso a servicios públicos como agua potable, electricidad y telefonía, escolaridad y vivienda que tiene un ser humano para poder llevar una existencia digna.
Pero “ser pobre” se debe considerar más un efecto que una causa. Contrario a lo sostenido por algunas corrientes económicas, filosóficas y políticas, la pobreza (o cualquier otra característica de naturaleza económica que pueda ser atribuible a un ser humano) no puede ser considerada como consubstancial al individuo. Nadie, al nacer pobre, está condenado irremediablemente a serlo toda la vida. De esa forma, un estado económico determinado no es ni puede ser una característica que sea inseparable de un ser humano, así, una persona que nació “rica” (utilizado el término para describir a alguien que dispone de abundantes recursos económicos), puede fácilmente acabar en la pobreza. Viceversa, una persona que nació pobre, puede –a través de su esfuerzo, estudios e iniciativa- llegar a poseer cantidades importantes de recursos económicos.
Es ineludible afirmar que en última instancia, la pobreza o luchar por la generación (o mantenimiento y expansión) de la riqueza, es una responsabilidad exclusiva del individuo; pero aún así, no se debe de perder de vista que el individuo se encuentra siempre insertado en un sistema político, social y económico, propio de una región o país, que sin ser la causa decisiva de la situación económica que experimenta -hay personas que han vencido la pobreza y se han hecho ricos en la India, por ejemplo-, le facilita o le entorpece el camino a su superación económica.
Para ilustrar lo anterior es adecuado citar un ejemplo cotidiano en nuestra sociedad, ¿por qué será que salvadoreños que emigraron siendo pobres en El Salvador, lograron ser comerciantes, empresarios o profesionales y así estar en condiciones de “triunfar” y tener éxito económico en los Estados Unidos, Canadá o Australia, rompiendo así el ciclo de pobreza que por generaciones habían experimentado en su país de origen? La respuesta no es tan compleja como parece, de hecho es simple: el individuo, independientemente de su origen, es el responsable de ser rico o pobre, de progresar o retroceder, de romper un ciclo determinado de pobreza o de regresar a ella perdiendo sus bienes; no obstante lo anterior, constantemente comprobamos que en nuestro país no se presentan las condiciones necesarias para que el desarrollo económico del individuo ocurra de forma natural, por lo cual los individuos que conforman nuestra sociedad “tienden” a la pobreza en vez de que ocurra a la inversa: que a través de las oportunidades que se presentan en el país, los individuos tiendan a lograr su desarrollo y superación económica, logrando así la reducción de la pobreza.
Entonces ¿cuál es la causa que provoca que en El Salvador la mitad de la población viva en pobreza? Sin duda alguna lo puedo afirmar: es la naturaleza de nuestro sistema político-legal, el cual está diseñado para conceder prebendas a los titulares del poder de turno, ya sea político (gobernantes y funcionarios) o económico (elite empresarial). No importando quien sea el que ostente el poder político: gobiernos militares o gobiernos electos democráticamente, de izquierda o derecha, hemos comprobado que desde Pedro de Alvarado, éste ha sido utilizado en beneficio de unos pocos, en detrimento de las grandes mayorías.
Mientras que en El Salvador no logremos que se respete la constitución con su estructura de pesos y contrapesos propia de una República; que se promueva un Órgano Judicial independiente; que se apueste por la meritocracia en la función pública; que se invierta en la educación de los ciudadanos, especialmente de los más pobres, y esta a su vez se enfoque en la responsabilidad individual y en el emprendurismo; que se establezcan leyes que estimulen el comercio, la inversión y la libre competencia; que todos los individuos –y especialmente nuestros gobernantes- estén sometidos a la ley y por tanto se eliminen la corrupción, el compadrazgo, el nepotismo, el abuso de poder y la impunidad, que permite que las élites políticas y económicas sean las únicas beneficiadas con las políticas públicas, vencer la pobreza en El Salvador continuará siendo una misión imposible.
*Abogado, máster en Leyes.
@MaxMojica