La escalada de violencia que ha vivido El Salvador en los últimos tres años parece que ha obligado a las autoridades como la Policía, Fiscalía y al Instituto de Medicina Legal a mantener una política de no revelar mayor información sobre los homicidios e identidades de las víctimas.
Ninguna de las tres instituciones ha querido revelar el comportamiento de la violencia criminal en el país, por el contrario, han impuesto una especie de cerrojo para evitar que los medios de prensa puedan recibir información detallada como las identidades de la víctimas para informar a la ciudadanía.
Uno de los críticos de Medicina Legal ante esa medida de poca información sobre los homicidios y menos sobre desaparecidos, es su exdirector José Miguel Fortín Magaña.
Él asegura que las actuales autoridades del IML tienen la obligación de proporcionar toda la información que es generada por Medicina Legal porque así lo establece la Ley de la referida institución.
“El director de Medicina Legal o la persona que funge en la dirección en funciones está incumpliendo la ley, porque es parte de la obligación de la dirección de Medicina Legal dar los datos de los homicidios y de todo lo que hace medicina legal y lo tienen que hacer cada mes”, dijo Fortín Magaña, quien fue director interino por cinco años.
Renunció el 31 de diciembre del 2015 por razones personales.
Si las autoridades responsables de llevar el registro de las incidencias del crimen no hacen pública la información sobre el comportamiento de los homicidios, entonces, difícilmente, la población sabrá si los homicidios se redujeron o no, señala Fortín Magaña.
“No pueden seguir aduciendo la reducción del año pasado como un evento que continua porque la reducción se produjo el año pasado”, dijo Fortín Magaña. Y agregó, “este año está más o menos el número que el año anterior, en otras palabras, uno no puede seguir diciendo que hemos reducido el número de muertes, no, lo redujeron el año pasado, pero, este año no los han reducido o sea que ese dato ya no es congruente”.
Fortín Magaña cree que el actual director interino Pedro Martínez recibe órdenes de la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal Doris Luz Rivas.
“La presidencia del Consejo Directivo que desde hace años sigue siendo la misma señora que tiene afinidad con el gobierno actual, pues pareciera ser eso es lo que uno empieza a hipotetizar que eso es lo que hace que no quieran dar ninguna información”, dijo.
El director interino aseguró que “no existe lineamiento o directriz por parte de las autoridades o del Consejo Directivo, máxima autoridad de este instituto, para no otorgar información de homicidios a medios de prensa”.
Rechazó de que él obedezca órdenes de la magistrada Rivas de no revelar información sobre los homicidios, tal como lo afirma Fortín Magaña. “No es verdad tal afirmación, se tiene a la orden cualquier información que se solicite de todas las actividades y mejoras ejecutadas en la presente gestión”, dijo Martínez.
El ministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde rechazó que exista una política de no proporcionar detalles del comportamiento de los homicidios. Explicó que siempre se proporcionan los datos cada vez que son requeridos por cualquier medio de comunicación.
“Siempre que se pregunta, siempre se dan.... No hay ninguna política que restrinja o que limite esa información”, dijo Ramírez Landaverde.