Los casos judicializados recientemente por la Fiscalía General de la República están poniendo a prueba el sistema de justicia penal salvadoreño. Los resultados obtenidos permitirán determinar si las instituciones aún tienen la robustez necesaria para avanzar o si es impostergable crear, igual que en Guatemala, un ente externo, inmune a las influencias y presiones de estructuras criminales y grupos de poder.
Es primera vez que un exfiscal general es acusado ante los tribunales por la manipulación de casos en favor de una persona que posee fuertes vínculos con el oficialismo y, además, que ha sido vinculado al poderoso entramado del narcotráfico centroamericano. También nunca antes se había investigado a un expresidente del partido en el poder por posible enriquecimiento ilícito. La solidez de los casos presentados por la Fiscalía y la congruencia de las resoluciones judiciales tienen el potencial de regresarle a los salvadoreños la esperanza en el sistema de justicia penal.
Debido a la importancia de los resultados, todos estamos atentos a la forma en que los procesos avanzan. Estamos prestos a evaluar el desempeño de los fiscales, examinando detenidamente los argumentos y evidencias que presentan durante las audiencias. Seguimos, con actitud escéptica y crítica, la versión de los hechos que presentan ante los tribunales y las pruebas que utilizan para sustentarlas. Hasta el momento, son pocas las críticas que he escuchado sobre el trabajo fiscal. Sin embargo, los más suspicaces prefieren mesurar sus muestras de apoyo y advertir que será hasta que los procesos estén más avanzados que tendrán los elementos suficientes para dar una opinión categórica.
Debido a la relativa satisfacción con el trabajo de los fiscales en estos casos, los salvadoreños ahora hemos centrado nuestra atención en los jueces. La prevalencia de la corrupción en el órgano judicial ha sido señalada y enfatizada consistentemente en varios informes publicados de forma periódica por entes foráneos. Diversas encuestas, además, han dejado claro que existe una percepción entre la ciudadanía que los tribunales en el país son corruptos. El mismo fiscal general, Douglas Meléndez, en el contexto de estos casos, reveló que tenían dificultades para lograr identificar un juzgado que garantizara la honestidad del juzgador que conocería uno de los casos. Existe una gran expectativa sobre las resoluciones judiciales sobre estas acusaciones. Los salvadoreños estamos evaluando la objetividad y honestidad de los jueces a través de la congruencia de sus resoluciones con la robustez (o debilidad) del caso fiscal.
Es importante que exista transparencia en la forma en que estos casos se desarrollan. Solicitar reserva ante los tribunales o tratar de esconder actuaciones sería una mala señal. Entre más abiertos al público sean tanto los fiscales como los jueces, más credibilidad tendrán sus actuaciones. De lo contrario, estarían tratando de esconderse del escrutinio público y, los salvadoreños, no tendríamos acceso a la información que nos permitirá decidir si apoyamos a las instituciones o presionamos por que se instale una CICIG en el país.
Hay algunos que califican la apertura mediática en estos casos como “populismo” y otros que tratan de empañar de una forma u otra la acusación fiscal. Es importante recordar que estos casos involucran a personas y grupos poderosos, y, por lo tanto, representan una amenaza para muchos otros involucrados en hechos similares. Indudablemente, quienes sientan que los bombazos están reventando demasiado cerca, moverán sus influencias y harán todo lo posible por que fracase el trabajo fiscal. Cerrar el acceso a cómo se están desarrollando estos casos, puede permitir que estas personas controlen la información que conoce la ciudadanía a su favor. Las personas que abogan por que no se conozca información relacionada a los casos, no quieren que los salvadoreños tengamos acceso a todo el panorama.
*Criminólogo
@cponce_sv