Hace unos años, el investigador social Charles Murray presentó en su libro “Coming apart”, una interesante tesis para explicar el modo de cerrar brechas sociales en las comunidades. Sostiene que la mayor fuente de desigualdad en las distintas sociedades es cultural, no económica; y que por tanto el dinero, sin otras medidas concomitantes, difícilmente ayudará a cerrar las grietas y crear igualdad donde hay disparidad.
Parece interesante contemplar, a la luz de esas ideas, la discusión que desató el anuncio presidencial de que el gobierno subvencionará un puñado de jóvenes desocupados, como medio para ayudarles a salir de su condición, ayudar a sus padres, y forjarse un mejor futuro.
Murray sostiene en su obra que “se puede obligar a los ricos a pagar más impuestos, pero el capital social que necesitan los pobres para salir adelante, exige cultivar una serie de virtudes que el clima cultural ha deteriorado”: sin autoestima adecuada, sueños ambiciosos y fe en sí mismos; sin los conocimientos y habilidades necesarias, y sin la posibilidad de trabajar organizada y solidariamente; por más dinero que se dé a estas personas, es duro decirlo, no saldrán adelante.
Por el contrario, quienes piensan que la desigualdad es fruto de la injusticia, del abuso de quienes tienen la sartén por el mango en detrimento de los que carecen de poder, difícilmente estarán de acuerdo con dicha tesis; para ellos, todo lo que provoca la desigualdad económica, solo puede ser reparado por medio de caudales: préstamos, subsidios, impuestos.
Son los mismos que suscriben la coplilla de Quevedo, quien, hablando del dinero, dice que éste “hace al tuerto galán/y prudente al consejero”; “hace de piedras pan/sin ser el dios verdadero”.
Para los primeros, la solución de los problemas de vida por los que pasan las personas que no encuentran trabajo, ni tienen oportunidades de estudiar, es asunto que va mucho más allá del dinero: es cultural, pasa por la educación, y por lo tanto es asunto de mediano plazo de solución. Mientras que para los segundos, bastaría con que los pobres tuvieran en sus manos algunos recursos financieros, para que se pusieran a estudiar y/o montaran empresas y negocios que los sacaran de su desocupación vital.
Sin embargo: arrojar dinero a un incendio (a unos problemas, a unas condiciones de injusticia) no solo no apaga las llamas, sino que en último término termina por avivar el fuego.
Las cosas, como ya habrá intuido el lector a estas alturas, no son de tan sencilla solución. Por eso los expertos, a la hora de trabajar en cerrar las brechas sociales, se fijan más en las condiciones de estabilidad familiar, cultura, virtudes y capacidades, que en la pura y dura carencia de medios económicos, en la mera ausencia de recursos, e incluso, de oportunidades.
Uno de los autores más respetados en cuanto a sociología se refiere, Robert Putnam, publicó a mediados del año pasado un libro en el que demuestra que la creciente brecha económica entre los niños nacidos de padres con título universitario, y los criados en familias menos educadas, tiende a abrirse cada vez más con el tiempo; y no precisamente por falta de recursos, sino por falta de educación, seguridad en sí mismos, colaboración social y capacidad emprendedora.
Por todo lo anterior, cuando se analiza con cabeza fría la propuesta de subsidio, uno se pregunta si el presidente y sus consejeros son conscientes de la complejidad del problema que intentan resolver, y de la precariedad de su propuesta; o si se trata quizá de una medida propagandística más, entre las muchas que esporádicamente nos deparan, y que a fin de cuentas no pasan de diversiones y temas para pláticas de salón.
*Columnista de El Diario de Hoy.
@carlosmayorare