El coronel salvadoreño Guillermo Benadives, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989, fue puesto a disposición de un tribunal de Vigilancia Penitenciaria para que cumpla la pena, ratificada en abril pasado, informó hoy una fuente judicial.
El Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena será el encargado de controlar "el cumplimiento de la pena a 30 años a la que fue condenado a través de la sentencia que ha adquirido estado de firmeza", según los Tribunales del país.
Desde su captura en 2016, Benavides ha permanecido detenido en los calabozos de la División de Tránsito Terrestre de la Policía en la capital salvadoreña y se espera que este tribunal determine la prisión a la que será enviado.
Lee también: Jesuitas eligen como nuevo superior al venezolano Arturo Sosa Abascal
El coronel retirado fue condenado originalmente en 1992 por el asesinato de los sacerdotes, incluidos cinco españoles, y dos colaboradoras suyas, pero solo cumplió 14 meses de la pena hasta que fue liberado por la promulgación de la Ley de Amnistía General de 1993.
Esa ley que impedía procesar los crímenes de la guerra civil (1980-1992) fue anulada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en julio de 2016 por ser "contraria al derecho de acceso a la justicia" y "al derecho a la reparación integral de las víctimas.
La condena fue ratificada a inicios de abril pasado por la Cámara Primera de lo Penal, con lo que Benadives se convirtió en el único militar encarcelado por los crímenes de guerra o lesa humanidad que el Ejército salvadoreño cometió en esos 12 años.
Lee además: Juez EE.UU. evalúa recurso de exmilitar salvadoreño por caso jesuitas
A mediados de mayo, la Compañía de Jesús pidió al Gobierno la conmutación de la pena a una equivalente al período que purgó hasta antes de la amnistía y al que lleva preso desde que fue capturado a inicios de febrero de 2016.
Por su parte, la familia de Benavides solicitó al Congreso el indulto como último recurso para que recupere su libertad, pero este debe ser autorizado primero por la Asamblea Legislativa.
La noche del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlacatl del Ejército irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y mató a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López.
En el hecho, ocurrido en el marco de la guerra civil salvadoreña, también fueron asesinadas la colaboradora de los religiosos Elba Ramos y su hija Celina.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, Benavides fue el encargado de trasladar la orden a los tenientes que ejecutaron la matanza