Una organización hondureña y la la Universidad de California de Estados Unidos, presentaron una demanda contra Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el asesinato de periodista Nery Geremías Orellana, informó hoy una fuente del proceso.
El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), rectorado por los jesuitas en Honduras, confirmó en un comunicado que la demanda fue presentada en fecha no precisada por esa entidad junto a la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad de California ante la sede de la Comisión Interamericana, en Washington.
La demanda se da por la muerte de Orellana, quien era director de Radio Joconguera, en el departamento occidental de Lempira, y fue asesinado el 14 de julio de 2011 mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta, según la información.
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El comunicador fue atacado, por causas aún no esclarecidas, por hombres desconocidos que le dispararon en la cabeza, agregó el comunicado.
El asesinato de Orellana, quien también era corresponsal de Radio Progreso, uno de los medios de comunicación de los jesuitas, "está en la más absoluta impunidad", señaló la organización.
El Estado hondureño ha violentado el derecho a la vida, el de las garantías judiciales, a la protección judicial y el derecho a la libertad de pensamiento y expresión del comunicador, así como los derechos a la integridad física, psíquica y moral de sus familiares, enfatizó.
Orellana mantuvo una "posición crítica" frente al golpe de Estado del 28 de junio de 2009 que derrocó del poder al entonces presidente hondureño Manuel Zelaya, cuando promovía reformas constitucionales que la ley le impedía, añadió ERIC.
Además, hizo "serios señalamientos sobre deficiencias de salud pública administrados por la mancomunidad de Mocalempa y dio cobertura a los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos de la cooperación internacional recibidos por el Comité Central Pro-Agua de Desarrollo Integral".
Los familiares de Orellana, según la demanda, exigen que "se esclarezca la verdad" sobre su asesinato, se identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales.
También, que se reparen "las consecuencias morales y materiales" de su muerte y que el Gobierno hondureño adopte medidas para evitar la repetición de estos hechos.
"Lo que se busca es que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales para prevenir violaciones a derechos humanos" e investigue "diligentemente para evitar la impunidad" en esos casos, resalta el comunicado de la organización hondureña.