Desde hace algún, tiempo, el posible desarrollo y la eventual implementación absoluta de un modelo autoritario en El Salvador, han figurado entre las advertencias delineadas por varios analistas. La cercanía y el apoyo incondicional del partido oficial a gobiernos totalitarios de izquierda radical en Latinoamérica, y la presencia de indicios que sugieren que el FMLN ha trazado una ruta similar para lograr el control total del país, son los principales argumentos empleados para sustentar los sombríos pronósticos de la instauración de totalitarismo en El Salvador.
Las estrechas relaciones entre el FMLN y los regímenes de Maduro y los Castro, son nexos frecuentemente citados por analistas para fundamentar sus lecturas sobre los indicios en El Salvador. La posible adopción de un modelo autoritario en nuestro país, similar a los que operan en Venezuela y Cuba, ha despertado escepticismo entre algunos, quienes rechazan dicha hipótesis bajo el argumento que las condiciones son demasiado diferentes entre dichas naciones y la nuestra. Por ejemplo, sostienen que el petróleo de Venezuela es lo que permitió que el régimen se implantara y mantuviera, por lo que no funcionaría en El Salvador, ya que carecemos de recursos comparables. El contra-argumento a esta perspectiva es que el modelo autoritario no tiene que ser idéntico, sino que similar.
El debate sobre el tema persiste, pero cada vez son más las señales que sugieren que la intención del oficialismo es perpetuarse en el poder y tomar control total del Estado. Entre los indicios más contundentes están la corrupción rampante y los abusos de poder evidentes en diferentes instituciones del gobierno. El desarrollo de este tipo de prácticas son elementos invariablemente presentes en la trasformación al autoritarismo.
La corrupción y los abusos de poder son un síntoma de que los funcionarios anteponen sus intereses personales sobre los de la sociedad. Indican que las personas en posiciones de poder no trabajan para beneficiar a los ciudadanos, sino para alcanzar objetivos particulares. La corrupción y los abusos de poder se esparcen como enfermedad, ya que la disposición de los funcionarios a involucrarse en dichas prácticas incrementa si perciben que sus pares lo hacen. Sin embargo, los más proclives son aquellos que consideran que nombramiento es algo que se les debía, un premio al que tenían derecho por batallas pasadas. Este tipo de personas ven su posición como algo que se les debía y que, por lo tanto, pueden utilizar para su beneficio.
Lastimosamente, la corrupción y los abusos de poder son más comunes que el trabajo arduo en el Estado salvadoreño. Los funcionarios no pierden oportunidad para gastar dinero público en la compra de camionetas de lujo y extravagantes comidas y bebidas. La mayoría de funcionarios actuales muestran evidentes señales de prosperidad, aunque siempre han sido “servidores públicos”. Las autoridades descaradamente protegen a delincuentes por su vínculo partidario, como al conductor de la camioneta de Casa Presidencial que asesinó a un motociclista.
Los dirigentes del oficialismo no trabajan para la ciudadanía sino para su propio beneficio. Bajo este esquema, lo más lógico es que busquen la forma de cómo consolidar y perpetuar el poder del que ahora gozan. Implementar un modelo totalitario es el camino más lógico para la consecución de este objetivo. La corrupción seguirá creciendo y los abusos de poder serán más frecuentes y evidentes, como lo son en Venezuela y Cuba, si no se impide que los funcionarios continúen utilizando sus posiciones para beneficio personal. Mientras las instituciones encargadas de investigar y perseguir los casos de corrupción sigan amarradas por la influencia política del oficialismo, El Salvador no podrá cambiar el rumbo actual. Es necesario contar con un ente externo, como la CICIG en Guatemala, inmune a la influencia política, para hacer que el Estado trabaje para la sociedad y no dirigentes políticos.
*Criminólogo
@cponce_sv