Es muy difícil dialogar si las posiciones de los protagonistas avanzan en sentidos opuestos. Es aún más complicado lograr acuerdos entre los que sostienen modelos políticos y económicos absolutamente antagónicos.
Los obstáculos que han dificultado a los salvadoreños el arreglo de sus diferencias son de tipo ideológico. Éstos se materializan cuando el gobierno intenta persuadir a la sociedad civil y al sector empresarial para emprender un entendimiento que resuelva los problemas más apremiantes de la nación y al mismo tiempo el FMLN suscribe las conclusiones del Foro de Sao Paulo, reiterativas, en su mayoría, de las resoluciones de su primer congreso. En ambos documentos se recalcan las amenazas a la libertad de expresión y a la división de poderes así como la conformación de una estrategia para enfrentar la “contraofensiva imperialista” en clara alusión a los esfuerzos de los Estados Unidos para combatir la corrupción.
Los firmantes de la paz encontraron las coincidencias que permitieron el pacto de Chapultepec al aceptar que los resortes que sostenían el conflicto político estaban desgastados y en consecuencia era necesario que la guerra terminara sin perdedores ni ganadores. Identificaron aspectos esenciales dirigidos a fortalecer la institucionalidad, a garantizar el respeto de los derechos humanos y a asegurar elecciones limpias, periódicas y justas. Entendieron también que la participación política de los grupos guerrilleros y un nuevo estatus a la Fuerza Armada eran condiciones imprescindibles para la reconciliación nacional.
Sin esos requisitos básicos el país no habría removido la desconfianza que le impedía avanzar por la senda de la democracia y del Estado de derecho. Esos tensores han mantenido vigentes la forma de gobierno y las libertades fundamentales establecidas en la Constitución de la República. Aunque el liderazgo del partido de gobierno aspira a una sociedad con las características acordadas en el Foro y en el primer Congreso, las condiciones y el contexto les han entorpecido el camino para impulsar modelos en los que la democracia se encuentra secuestrada. Sin embargo esas ideas han fracturado la relación entre los partidos y con la población en general.
Óscar Arias, el centroamericano Nobel de la Paz y dos veces presidente de Costa Rica, y Manuel Alcántara, uno de los polítólogos europeos más reconocidos y sin lugar a dudas el principal impulsor de una nueva institucionalidad democrática en buena parte de América Latina, coincidieron en el riesgo que corre nuestra sociedad por la falta tanto de liderazgos políticos renovados como de convenios entre las fuerzas políticas mayoritarias.
Los dos personajes insisten en los tratos políticos para desenredar el “nudo gordiano” que complica los temas de seguridad, endeudamiento público y crecimiento económico. Arias afirmó que “las alianzas políticas nos son perversas, son la única forma para construir en una democracia”. Se sobreentiende, o en todo caso es necesario aclarar, que las resoluciones emanadas de esos acercamientos deben respetar el orden público, la moral y la ley. De ninguna manera se proponen negociaciones oscuras ni “política bajo la mesa”. Alcántara y Arias nos animan a retomar “la buena política”, la que genera consensos mínimos y procura alcanzar el bien común.
La invitación del presidente Sánchez Cerén a discutir un acuerdo fiscal reconoce por primera ocasión el problema del alto endeudamiento público y el apuro que esa coyuntura podría causar para cumplir con las obligaciones financieras del Estado, incluyendo el pago de salarios a los empleados estatales y la asistencia de servicios públicos a los ciudadanos. Si en realidad existe la apertura para escuchar y adoptar medidas que contribuyan a solventar la angustiante situación de las finanzas públicas, el sector privado y el resto de actores sociales, incluyendo principalmente a los partidos políticos, deben aceptar el llamado del gobernante, presentar sus planteamientos y exigir garantías para el cumplimiento de las responsabilidades que se adopten.
El gobierno y el liderazgo partidario que lo integra harían bien en ratificar los compromisos democráticos avalados cuando Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz eran candidatos, de tal forma que, una vez resuelto el aprieto de dinero en que se encuentran, no se alimenten de nuevo propuestas populistas ni se vuelva a las prácticas antisistema que han caracterizado su administración en los últimos siete años.
*Columnista de El Diario de Hoy