Recientemente, el Presidente de la República llamó a los sectores a aprobar una Ley de Responsabilidad Fiscal, ya que según él “hay señales que son rojas y una de esas señales es el nivel de endeudamiento que tiene el país; tiene una alta deuda que anda por el 63%, eso es una amenaza que tenemos que resolver”... Acto seguido habló de “ajustarse el cincho” sin comprometerse a reducir la cantidad de plazas públicas que se han abierto en los últimos años y sin reducir los subsidios.
¡Enhorabuena! La sociedad civil y la oposición política han tomado el tema con esperanza, después de tanto esperarlo y debatir sobre la necesidad de contar con una ley de esta naturaleza, a fin que el déficit no sirva para sostener el populismo. ¿Cómo se van sostener los programa sociales que la gente verdaderamente necesita, si este Gobierno gasta dinero sin control en otros rubros que sangran la liquidez para sostener estos programas?
El problema fiscal puede evitarse, pero requiere disciplina y consenso. Lo que pasa es que todavía no hemos encontrado la voluntad política que se necesita para aplicar políticas de Estado de largo aliento, sobre todo en temas tan candentes como este, donde unos proponen abordar el problema con recortes de gastos y reformas, necesarios pero insuficientes para enfrentar el desequilibrio macroeconómico. Y a otros, lo único que se les ocurre para resolver el problema es: más impuestos a la clase media y a “los ricos”; sin percatarse que así lo que provocarían sería una mayor contracción de la demanda.
Ante el nuevo llamado presidencial a todos los sectores debemos considerar que para lograr acuerdos de nación necesitamos un proceso de genuina interacción mediante el cual las partes se escuchen unos a otros, con total atención y respeto, incorporando a la perspectiva propia, las preocupaciones de los otros, aun cuando persistan justos desacuerdos.
Pero la realidad pura y dura nos dice que muchos de estos encuentros no tienen las características mínimas para propiciar un diálogo genuino, estando desprestigiado este mecanismo, lo que decepciona a los diversos actores y cierra espacios valiosos para lograr acuerdos.
Recordemos el fiasco de la reciente reunión de Ataco, que ni había terminado cuando ya se habían roto los acuerdos. La credibilidad en el diálogo propuesto por el Gobierno se ha venido perdiendo. Nadie acepta seguir asistiendo a esos diálogos de sordos y es lamentable que propuestas gubernamentales de políticas públicas ya no generen optimismo.
Estamos por llegar al punto en que el Gobierno ya no será capaz de pedir prestado en condiciones favorables, a tasas bajas y largo plazo. Cuanto más nos tardemos en controlar el déficit fiscal galopante, menos opciones vamos a encontrar y las soluciones serán más dolorosas. Ningún país puede soportar un déficit de las dimensiones del nuestro, sin someter a su pueblo a terrible pobreza, con un creciente endeudamiento y desequilibrios que frenan el crecimiento.
La demanda agregada por gasto de gobierno, basada en endeudamiento y sin crecimiento económico, provoca que la gente de carne y hueso, el ciudadano común, quede en una peor situación. Las medidas populistas alegrarán hoy a amplios sectores; mañana, cuando el “gobierno benefactor” no tenga cómo pagar la cuenta, obtendrá voto de castigo.
El proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal debe pretender establecer normas que aseguren la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo, para lo cual debe garantizar el equilibrio fiscal, acumulando superávit en los períodos favorables y permitiendo únicamente déficit fiscales moderados, no recurrentes, en períodos de menor crecimiento.
El gasto público debería concentrarse en cinco áreas principales: educación, salud, seguridad, infraestructura e innovación tecnología.
*Columnista de El Diario de Hoy
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