Ante la insensibilidad y mezquindad con que el ministro Munguía Payés declara y da su visión sobre la tregua, diciendo entre otras cosas: “Si en medio de este proceso se cometieron algunos delitos eso es ya otra cosa…”, “Este fue un proceso de pacificación no tregua”, “Siempre han existido fiestas”. No se escude en que la figura delictual después de los hechos de la tregua era entre pandillas y lo individualizará la FGR. Me parece insólito e increíble cómo usted trata de esconder o trivializar problemas sensibles para justificar su gestión. El nombre en el idioma castizo es sinvergüenzada.
El esquema general planteado por usted, señor Munguía, toma de base que la tregua como tal no es un delito; son negociaciones entre pandillas con asistencia de mediadores. Esta es la posición del señor Munguía Payés. El proceso era de pacificación. El Gobierno era un simple espectador y facilitador de tal situación. Que sus resultados habían sido eficaces. Que era entre pandillas rivales. Que era asistida por personas nacionales e internacionales valientes cuyo nombre era mediadores.
Cuánta ingenuidad y manipulación ha habido en todo esto, haciendo ver que la iniciativa no era mala y había que frenar la violencia. Con el paso del tiempo los dividendos están a la vista. La tregua solo sirvió para empoderar a los grupos delincuenciales con la bendición del Gobierno que les manipuló. En el lenguaje popular a esto se le llama alcahuetería. Lo que nunca dijo.
El precio que teníamos que pagar por dejar de matar salvadoreños: jueces, fiscales, policías, soldados, población entre otros. El dividendo. Para que dejaran de matar había privilegios que la Ley Penal y Penitenciaria prohibían, lo cual es precisamente un dividendo ilegal de la negociación, es decir, beneficios a los pandilleros y a sus familiares.
En realidad fue el Gobierno el que puso a disposición de las pandillas la institucionalidad y sus recursos, infraestructura y personal para esos beneficios penitenciarios, mientras la sociedad era extorsionada y masacrada. Pagaron estancias en la playa, pagaron dos locales con fondos públicos a través de la OIE. Están las planillas, personas que sin ser miembros de centros penales fueron contratadas por la institución para laborar en la tregua. De igual manera el desvío de dinero de las tiendas de los Centros Penales servía para pagar mediadores, dar prebendas económicas a los familiares de los pandilleros, organizar fiestas, ingreso de prostitutas y otros (celulares, televisores, conexiones de electricidad).
El Gobierno fue permisible y esta permisibilidad le dio capacidad para reorganizar su estructura delincuencial, reagruparse, fortalecer el territorio y una ventaja competitiva en las elecciones de 2014, ya que amedrentaba a los votantes de sus adversarios con el decomiso de DUI y hasta ejerciendo autoridad en la defensa del voto. Se cedió a todo tipo de exigencias y excesos, pero no se dejó de robar, traficar, reclutar a nuevos prospectos. Era una política pública, era una acción gubernamental. El país no ha ganado absolutamente nada ni ha resuelto el problema de fondo.
La tregua planteada como entendimiento entre las maras y pandillas para no matarse, así vista, no es un delito, pero sí lo es todas las leyes que violentó el señor ministro y los funcionarios del FMLN para el favorecimiento de los pandilleros en contra de los intereses de la nación y de su población.
Con sus explicaciones de su proceso de paz, señor Munguía, nos quiere ver a todos la cara, sigue la manipulación de un pueblo crédulo y harto de tanta violencia. El señor Fiscal nos dijo: “La tregua fue una cochinada institucional”. Completemos: “Que ocurrió con el aval de Mauricio Funes a propuesta de usted, señor Munguía. Ustedes son los padres de la tregua”.
*Diputado a la Asamblea Legislativa