La permanencia en el poder del dictador Nicolás Maduro es un imperativo estratégico para los gobiernos de Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Les resulta vital para sostener y ampliar la penetración en la región del renovado bloque contra Estados Unidos, en tanto es una mayor garantía de impunidad para el crimen. Venezuela fue la presa más importante atrapada por la necesidad de sobrevivencia del castrismo, parásito dispuesto a todo para no perderla y, por eso solo el crimen, la corrupción, el narcotráfico y la violencia sostienen a Nicolás Maduro.
Su gobierno es una “dictadura criminal”, porque ejerce el poder en contra de toda ley nacional, internacional y natural. Viola los derechos humanos y las libertades fundamentales; tampoco hay un Estado de Derecho ni división e independencia de los poderes públicos; tiene presos y exiliados políticos, no hay libertad de prensa y, ahora pretende suplantar la soberanía popular con una “constituyente fascista” en la que el pueblo no vota. En resumen, es un gobierno que en el objeto y ejercicio del poder comete, induce y encubre acciones criminales para sobrevivir.
Los crímenes del régimen de Maduro están implantados y ejecutados por la metodología castrista que oprime a Cuba desde 1959 y, prácticamente, cubren todas las tipificaciones penales conocidas como asesinatos, torturas, privaciones indebidas de libertad, creación y operación de consorcios delictivos, traición a la patria, sometimiento a potencia extranjera, desfalco y vaciamiento de la riqueza y el erario nacionales; corrupción en contratos y servicios públicos como el hasta ahora encubierto caso de Odebrecht, confiscaciones, robos, defraudaciones.
La corruptela del régimen castro chavista de Maduro abarca desde los sobornos activos y pasivos en y por entidades del Estado, que permitieron amasar grandes fortunas hoy señaladas internacionalmente; por demolición de la principal empresa nacional Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el uso de sus recursos para sobornos tan grandes y notorios como las del denominado “Petrocaribe”, hasta la existencia de cárteles del narcotráfico que han otorgado desde hace varios años la calificación de “narco-Estado” a Venezuela hasta convertirla en eje del tráfico de cocaína con la provisión, políticamente garantizada desde las FARC de Colombia y los sindicatos cocaleros de Evo, desde el estado plurinacional de Bolivia.
Por eso resulta impensable para las organizaciones vinculadas al narcotráfico perder el control de Venezuela después de haberla convertido en territorio del crimen y desde donde se hacen operaciones de lavado de dinero con otros regímenes aliados. Es imposible que Maduro pierda el poder sin afectar dramáticamente a las organizaciones terroristas y de tráfico de armas que tienen en el narcotráfico a uno de sus principales medios de soporte y logística. No hay ninguna forma en que el sistema transnacional de delitos vinculados al narcotráfico pueda sostenerse, si cae la dictadura de Nicolás Maduro.
Está demostrado que el régimen venezolano es controlado y defendido por el gobierno cubano con acciones de intervención operativas de las que participan los demás gobiernos miembros del socialismo del siglo XXI, que incluye a las FARC ahora enfocada en la toma del poder político en Colombia.
Edmundo Primitivo Sánchez Zurita, un militar boliviano acreditado por Evo Morales en su embajada en Venezuela, ha sido descubierto y denunciado (con documentos que han inundado las redes sociales) de participar activamente en la represión contra el pueblo venezolano. Dicha documentación fue aceptada como oficial y las explicaciones recibidas solo han servido para confirmar la vergonzosa intervención de que son víctimas las Fuerzas Armadas e instituciones venezolanas para reprimir a su pueblo.
La lucha que hoy se libra en Venezuela, además de la confrontación entre la libertad y la democracia contra la dictadura, está muy lejos de ser una disputa ideológica entre capitalismo y socialismo o una política entre derechas o izquierdas. Se trata de una dura batalla contra el crimen organizado dueño de la corrupción del narcotráfico y la violencia de la cual forman parte muchos de los “jefazos” que hoy se presentan como políticos, cuando en verdad son simplemente parte de una mafia que ha logrado el control de países que ahora son base para todo tipo de actividades criminales de alto lucro, incluido el terrorismo.
Cada comunidad, cada familia, cada persona sin excepción están amenazadas y/o afectadas por la corrupción, por el tráfico y consumo de cocaína y drogas, por la violencia y los delitos vinculados al narcotráfico. La situación del pueblo venezolano afecta a todos y su triunfo beneficiará a todos.
Debemos entender que la lucha del pueblo venezolano para salir de la dictadura de Nicolás Maduro es la lucha por los pueblos de las Américas y del mundo, donde los más pobres son los que más incremento de consumo de drogas y de violencia sufren, tal vez sin saber o sin querer reconocer que ese mal proviene del “castro chavismo” estructurado como mafia y hoy parapetado y defendido en Venezuela, por quienes prometieron liberar a los pueblos y, en cambio los someten, los oprimen y envilecen.
- Abogado y Politólogo. Director del
Interamerican Institute for Democracy
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