Bajo el estrés que viven los salvadoreños, en un país considerado de los más violentos del mundo, la salud mental será tratada con una nueva perspectiva: prevenirla más que curarla.
Las patologías que derivan como consecuencia de una enfermedad mental o afectación de la conducta normal de una persona no deben ser tratadas como un padecimiento que necesita de la asistencia hospitalaria en un centro psiquiátrico. Al menos eso es lo medular en la nueva Ley de Salud Mental que fue aprobada ayer por la Asamblea Legislativa, con los votos de todos los partidos políticos.
Cuando la ministra de Salud Pública, Violeta Menjívar, propuso dicha normativa a los diputados, en marzo de este año, informó que en 2016 la Unidad de Salud Mental del ministerio diagnosticó cerca de 6,600 casos de trastornos mentales en el país.
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Con la nueva normativa, Salud Pública busca prevenir que aumente esa cantidad de personas con padecimientos similares, por lo que en el texto se establece que habrá protocolos y programas de prevención diseñados por el Ministerio de Educación, los cuales se implementarán hasta en las cárceles.
Lo más significativo de esta ley consiste en que el Ministerio de Salud también pretende disminuir los ingresos al Hospital Psiquiátrico, dado que argumenta que muchas de las enfermedades mentales de mayor consulta pueden ser tratadas con medicamentos y bajo la custodia de sus familiares, con apoyo de las comunidades.
Sólo en los casos cuando el paciente se provoque daño a sí mismo o perjudique a un tercero, el Ministerio de Salud permitirá la hospitalización de la persona que padece de trastornos mentales.
Castiga el abandono
Incluso, la normativa contempla que el abandono del enfermo mental en un centro de salud puede ser denunciado por las autoridades médicas ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que tome las medidas legales pertinentes.
Y es que sobre este punto, el diputado Orlando Cabrera Candray, de ARENA, afirma que solo en el Psiquiátrico hay casos de pacientes que llevan entre 40 a 60 años de abandono por parte de sus familias.
Por ello, la ley plantea una diversidad de modalidades de atención, entre ellas la ambulatoria básica; la atención intermedia que requiere, de acuerdo a las necesidades identificadas, establecer “comunidades terapéuticas, hospitales de día y talleres protegidos, así como de apoyo familiar y comunitario.
También obliga a las unidades de salud y a los hospitales contar con un espacio idóneo para atender a estos pacientes. Su incumplimiento estará sujeto a la aplicación de las sanciones que contempla la ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud.